En Nicaragua, hay 182 opositores detenidos, entre ellos siete exaspirantes a la Presidencia que pretendían competir contra Ortega en las elecciones de noviembre, contabiliza el grupo Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas. Los familiares de estos presos imploraron este 7 de julio a los jefes de Estado de la región que aún conversan con este régimen que aboguen por su liberación. Mientras tanto, la represión se acentúa. Familiares de opositores presos en Nicaragua denunciaron lo que llaman las condiciones "desgarradoras" impuestas a sus allegados detenidos y pidieron este jueves a los jefes de Estado en contacto con el presidente Daniel Ortega que intercedan para "salvar vidas" porque "no hay tiempo que perder". Delito de menoscabo a la integridad nacional Por su parte, la organización Human Rights Watch (HRW) volvió a alertar sobre la agudización de la represión: “El régimen tiene a más de 180 personas arbitrariamente detenidas. Esto incluye a opositores, a críticos que fueron detenidos en el contexto de las elecciones del año pasado. La mayoría de ellos se encuentra en El Chipote, que es un centro de detención donde están expuestos a condiciones horribles de detención, como mantenerlos incomunicados, una alimentación insuficiente, luces encendidas o apagadas durante las 24 horas del día, sin atención médica especializada...”, detalla Tamara Taraciuk, directora de HRW para las Américas. Además, “todos los críticos que han sido detenidos en el contexto electoral fueron sentenciados con penas de hasta 13 años de prisión, en su mayoría por un delito que le llaman de ‘menoscabo a la integridad nacional’, y esto ocurre en procesos penales donde no se respetó ni la más mínima garantía de debido proceso”, subraya Taraciuk. Los religiosos en el punto de mira Aparte de perseguir a políticos, a manifestantes y a la prensa, el régimen de Ortega se ha ensañado últimamente con los religiosos, explica Tamara Taraciuk: “Recientemente, dirigieron su ofensiva represiva en contra de la Iglesia católica. En marzo expulsaron al nuncio apostólico de Managua, hace unos días se obligó a misioneras de La Caridad, una asociación religiosa que da asistencia social a personas vulnerables, a irse del país”. Pero son sólo unos ejemplos entre “las más de 700 organizaciones de la sociedad civil que el régimen ha disuelto en los últimos tres, cuatro años. Y la mayoría de ellas han sido canceladas este año. Desempeñaron un rol fundamental en acciones humanitarias en Nicaragua, que es uno de los países más pobres de América Latina, y te demuestra el extremo de la intolerancia del régimen de Daniel Ortega”, concluye la experta. Human Rights Watch pide a países como México, Honduras o Argentina, “que todavía interactúan” con Ortega, que “prioricen en sus agendas” la liberación de los presos políticos.