El Acuerdo de Escazú, único tratado ambiental de América Latina, inauguró este 20 de abril en Santiago de Chile su primera reunión para diseñar en conjunto soluciones para enfrentar la crisis climática. Este 20 de abril, en la sede de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), se reunieron organizaciones sociales, ambientalistas y representantes de los países firmantes del Acuerdo de Escazú, pionero en estipular la protección de los defensores del medio ambiente. Aprobado en 2018 tras seis años de negociación, el tratado se llama oficialmente “Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe”. Representantes de la sociedad civil Los Estados firmantes del acuerdo establecieron un sistema para elegir a seis representantes de la sociedad civil para que estén presentes en la primera reunión del tratado medioambiental, pero entre ellos no quedó ningún indígena, por lo que los pueblos originarios esperan que sus propuestas estén presentadas por este mismo grupo. Miguel Guimaraes, vicepresidente de la Asociación Interétnica de la Selva Peruana-AIDESEP, viajó hasta Santiago de Chile: “Sin pueblos indígenas no hay Acuerdo de Escazú. Los líderes indígenas están siendo asesinados por defender sus tierras, sus bosques, pero no hay justicia. Los casos están siendo archivados, no hay ningún castigo ejemplar, entonces nos preocupa muchísimo esta situación, y el Acuerdo de Escazú ayudaría mucho en fortalecer el trabajo que estamos haciendo, puesto que tiene tres componentes importantes para nosotros: acceso a la información, a la participación, y el tema de la justicia ambiental”, explica. 24 países Hasta el momento, Escazú ha sido firmado por 24 países de América Latina y el Caribe y ratificado por 12 de ellos: Antigua y Barbuda, Argentina, Bolivia, Ecuador, Guyana, México, Nicaragua, Panamá, San Vicente y las Granadinas, Saint Kitts y Nevis, Santa Lucía y Uruguay. Chile firmó la adhesión en la primera semana del gobierno de Gabriel Boric, pero necesita la aprobación del Congreso Nacional. Otros países, deplora Guimaraes, parecen no tener el Acuerdo de Escazú como prioridad en su agenda: “Pedimos a los países que lo puedan, ratificar estos acuerdos. No es un retroceso: con este mecanismo se va a fortalecer el trabajo de las empresas, del Estado y de las propias organizaciones indígenas”, recalca. “Lamentamos mucho que las muertes de los defensores y defensoras del medio ambiente sean simplemente estadísticas. Creemos que es importante tener un mecanismo como el Acuerdo de Escazú que nos permita fortalecer el trabajo de manera visible. Nosotros los pueblos indígenas a nivel global estamos aportando a la mitigación del cambio climático. El trabajo que hacemos no sólo va a beneficiar a los pueblos indígenas, sino a nivel del mundo”, enfatiza. Además de proteger a los defensores ambientales, el acuerdo pretende salvaguardar la biodiversidad en momentos en que arrecia el cambio climático. Con la AFP