En la madrugada de este 10 de mayo finalizó en Colombia el paro armado decretado por el cartel del Clan del Golfo. En plena campaña para las presidenciales del próximo 29 de mayo, la oposición acusa al Gobierno de haber permitido la violencia paramilitar en zonas favorables al izquierdista Gustavo Petro, y con ello de desmovilizar al electorado. La semana pasada, la extradición de Dairo Antonio Úsuga, alias "Otoniel", desató una represalia inmediata por parte de su organización armada el Clan del Golfo, que decretó entonces "cuatro días de paro armado". Permisividad La captura de Otoniel llegó a ser comparada por el presidente Iván Duque con la caída del mismísimo Pablo Escobar. Pero lo cierto es que este cartel desafía hoy al Gobierno colombiano y ha paralizado el país a escasas tres semanas de las elecciones presidenciales. A pesar de los esfuerzos del Ministerio de Defensa movilizando hasta 52.000 efectivos en los últimos días, los diferentes partidos de la oposición acusan a Duque desde haber fracasado en su política, hasta ser permisivo con el terror paramilitar. Consuelo Ahumada es doctora en Ciencias Políticas, y ex candidata al Senado de la coalición Pacto Histórico, la lista que lidera todas las encuestas. En declaraciones a RFI, asegura que la desmovilización de estos días podría trasladarse a las urnas el próximo 29 de mayo: “En el fondo también lo que vemos es una campaña de intimidación a la población muy fuerte, en una zona que es muy favorable para el candidato Gustavo Petro y el Pacto Histórico”, lamenta. Arbitrariedad La oposición denuncia también una supuesta inanición del gobierno, en comparación con la represión en las manifestaciones universitarias. E incluso, arbitrariedades en el paro: “Lo que llama la atención es que las grandes superficies, muy ligadas a las políticas del gobierno, pudieron funcionar sin problema”, mientras los pequeños comerciantes no, recalca Ahumada. El paro armado fue desconvocado para la madrugada de este martes, aunque la vuelta a la normalidad en las zonas afectadas se prevé lenta. Seis personas, entre civiles, policías y militares, han sido asesinadas durante este pulso al Gobierno.