El gobierno colombiano anunció que va a sumarse a Bolivia para pedir dentro de unas semanas a la ONU sacar de su lista de sustancias ilícitas la hoja de coca reafirmando así el giro de Bogotá a su política de drogas, tras décadas de represión de la producción y del consumo. Entrevista con el abogado Luis Felipe Cruz del centro de estudios Dejusticia. Colombia se sumará a Bolivia para pedir en las próximas semanas retirar la hoja de coca de la lista roja de la Comisión de Estupefacientes de la ONU. El anuncio lo hizo el miércoles 22 de febrero Laura Gil, viceministra colombiana de Asuntos Multilaterales. La viceministra Gil declaró que su país quiere seguir el ejemplo de Bolivia, que está tratando de cambiar la percepción de la hoja de coca como "sustancia psicoactiva" a un "elemento de uso tradicional". "Bolivia emprendió hace más o menos diez años una iniciativa para lograr la legalización del uso tradicional de la coca. Lo que ellos hicieron fue denunciar ante la Convención de Estupefacientes", subrayó la viceministra a la prensa colombiana. La hoja de coca no ha sido retirada por solicitud de Bolivia de la Lista de Estupefacientes de la Convención Única de 1961 de la ONU, que es la lista de sustancias controladas por los tratados internacionales de drogas. Sin embargo, Bolivia presentó una reserva en 2013 a la Convención de 1961 que permite el masticado, la infusión y otros usos no ilegales de la hoja de coca en su territorio. La despenalización de la hoja de coca que hizo Morales a nivel nacional se concentró en la planta de uso ancestral en las comunidades andinas. Su comercialización en el exterior depende de la autorización de la ONU. El panorama es radicalmente distinto en Colombia, según Luis Felipe Cruz, abogado e investigador en política de drogas del Centro de Estudios Dejusticia. "En Bolivia, desde hace muchos años, hay una política de control social de los cultivos de coca. Que en Colombia podamos imitar esa política es una muy buena idea para darle a las comunidades la posibilidad de controlar la cantidad de hectáreas (de hoja de coca) que se cultivan. Las convenciones de drogas lo que permiten es usar las plantas o usar las sustancias para algunos usos permitidos, entre otros, los medicinales y los científicos. Este mercado podría beneficiar a las comunidades rurales y por esa vía se desviaría el mercado ilegal y se debilitarían las economías criminales", dice Cruz. En 2021, se batió el récord de cultivos de coca en Colombia. La ONU estimó que hubo un incremento del 43%. También notó un aumento de la producción potencial de cocaína del 14%. De ahí que este proyecto de legalización de la hoja de coca se haya vuelto muy espinoso para el presidente Petro, en particular, legalizar parcelas de pequeños cultivadores, disminuir las erradicaciones y regular sus derivados. "En Colombia no se ha hablado de regulación de la cocaína, que es un derivado psicoactivo de la hoja de coca. Aquí se ha hablado de los usos ‘alternos’. Esto es parte de la discusión, pero en últimas, alternos pueden ser los usos industriales, los usos alimenticios, los usos fitoterapéuticos, textiles, y eso es una diferencia clara que hay que hacer. El presidente Petro ha manifestado en algunos escenarios internacionales que la regulación debe proponerse, pero en este gobierno yo no veo posibilidades de que se regule el uso de la cocaína. De hecho, el gobierno ha tenido mucha cautela en plantear este tema", agrega este abogado de Dejusticia. ¿Cuáles han sido los efectos que ha tenido la política que has estado vigente hasta ahora de erradicación sobre las personas que cultivan la hoja de coca? "Son impactos de violaciones de derechos humanos, campañas de violaciones al derecho a la salud, de vigorosas operaciones aéreas, violaciones a los derechos territoriales de los pueblos indígenas y afrodescendientes. Hay afectaciones al medio ambiente. En Colombia la dinámica de la guerra contra las drogas se articuló con la dinámica del conflicto armado. Entonces, muchas poblaciones campesinas son a la vez víctimas de las políticas de drogas y víctimas del conflicto armado o de los actores armados", concluye Cruz.