El Congreso de El Salvador aprobó una ley para regular la gestión del agua y la reconoce como un derecho humano y un bien público que no se puede privatizar. En los últimos 15 años, distintas organizaciones como la Iglesia católica y universidades presentaron al menos siete propuestas para una ley de agua, ninguna de las cuales prosperó. "El Salvador reconoce el derecho humano al agua, siendo éste el derecho de todas las personas de disponer de agua de calidad, suficiente, segura, accesible y asequible", señala el artículo 1 de la Ley de Recursos Hídricos aprobada con los votos de 65 de los 84 diputados del Congreso. La ley tiene como objeto "regular la gestión integral de las aguas, su sostenibilidad", indica el texto. La normativa fue presentada para estudio de los legisladores en junio pasado por el gobierno del presidente Nayib Bukele luego que el actual Congreso, que asumió funciones en mayo, archivó varias propuestas de ley para normar el recurso hídrico que no fueron aprobadas en anteriores períodos legislativos. “Ciertamente se sigue un proceso en donde convocaron a algunas personas, pero al final la ley aprobada no tomó en consideración ninguno de los aspectos que se venía empujando desde las organizaciones sociales”, dice a RFI Saúl Baños, director de la Fundación de Estudios Sociales y para el Desarrollo FESPAD. “El tema de la participación ciudadana está en la ley, pero está centralizada en el ente rector de agua. Y da la oportunidad a una persona que va a ser elegida por el presidente de la República para que represente a la sociedad civil. La ley desconoce el papel de la Junta de Aguas Comunitarias, que suministra agua sin fines de lucro a las personas más empobrecidas del país y los sistemas de agua comunitarios han venido contribuyendo y suministrando agua potable frente a esa incapacidad del Estado”. La Ley General de Recurso Hídrico también establece que "el agua no podrá ser privatizada bajo ninguna condición", sin embargo, no convence a la Alianza Nacional Contra la Privatización. “Como también lo establece la Relatoría del Agua de la ONU en un documento de 2016. La privatización no tiene que estar expresa en una ley”, dice a RFI Amalia López, integrante de la Alianza Nacional Contra la Privatización. “Esta ley inclusive dice que no se podrá privatizar el agua en El Salvador por ningún motivo. Pero abre otras formas disfrazadas de privatización, como es darle a las empresas concesiones de 1000 metros cúbicos por día para extracción de agua por 15 años, renovables a 30 años. Esto implica que si ese manto acuífero tiene menos que esa cantidad, la gente que está en el entorno de ese lugar no podrá obtener agua, porque quien tiene el derecho concedido por el Estado para sacar esos 1000 mil metros cúbicos es esa empresa que ha recibido la concesión. Por esta razón creemos que la ley deja abiertas otras maneras en las que se puede privatizar el agua, en que alguien diferente al Estado, diferente a la población, se pueda apropiar del agua y decidir quién recibe y quién no recibe agua. El Salvador en Centroamérica es el segundo país con menos capacidad para darle agua a la gente, menos metros cúbicos per cápita de agua para cada habitante. Por esta razón es que crear una legislación sobre los bienes hídricos para nosotros era fundamental”. La norma también establece la creación de la denominada Autoridad Salvadoreña del Agua (ASA), que será un ente autónomo rector del recurso hídrico en el país. Actualmente la administración del agua está a cargo de la Administración Nacional de Acueductos, que ahora estará a cargo de la distribución del servicio de agua potable. La ASA estará conformada por 14 directivos, en su mayoría representantes de distintas instituciones del gobierno, así como un delegado de la estatal Universidad de El Salvador (UES). La normativa aún debe ser ratificada por el presidente Bukele y publicada en la Gaceta Oficial para entrar en vigor. Con AFP.