Sobre este episodio
En Santa Marta, líderes sociales aseguran que el estado de excepción decretado en marzo de 2022 por el presidente Nayib Bukele, ha fomentado las detenciones arbitrarias por parte de la policía y erosionado los derechos humanos de los salvadoreños. La comunidad Santa Marta ubicada en el departamento de Cabañas, en el noreste de El Salvador, es un reconocido foco de movilización social y ambiental. En los años 80, sus pobladores de refugiaron en Honduras, para huir de la represión militar durante la guerra civil. Este año conmemoran el aniversario de los acuerdos de paz, denunciando el proceder de las autoridades. “En la madrugada de este 11 de enero, nos sorprendió enormemente que la Fiscalía y efectivos de la policía nacional civil, irrumpieron en tres hogares de la comunidad. Y fueron capturados compañeros que tienen una vida activa en la lucha contra la minería en el departamento de Cabañas. Dijeron que esto se debía a sucesos ocurridos durante la guerra. Nos sorprendió porque en todos estos años en los que se ha estado exigiendo justicia y verdad, nunca habían querido actuar. Y cuando presentan un caso judicializado, resulta que es en contra del liderazgo de la misma comunidad”, declaro el vocero de la comunidad Santa Marta, Leonel Rivas, en entrevista para RFI. En esa zona, se cometió una matanza en la que murieron más 200 personas a manos del ejército, y que nunca fue investigada. La comunidad no entiende, entonces, por qué fueron detenidos los líderes de la comunidad, acusados de haber asesinado a una mujer en 1989. “También dijeron que estaba el delito de asociación de agrupaciones ilícitas. Es el delito que están usando para procesar a mucha gente durante este periodo del régimen de excepción. Es preocupante porque cualquier hecho puede ser utilizado para procesar a cualquier persona con vínculos de ese pasado histórico, aunque también con las actuales luchas que se libran en El Salvador”, agregó Rivas. Para la comunidad de Santa Marta, el gobierno de Nayib Bukele ha prolongado el estado de excepción para seguir amordazando a los movimientos sociales. “Creemos que este gobierno está retrocediendo en materia de derechos humanos. Aquí no se respeta el debido proceso, ni las garantías constitucionales. Porque son el Estado y el gobierno, los primeros violadores de las Constituciones y de los procesos. Es una situación muy penosa”, concluyó Leonel Rivas.
