Sobre este episodio
Mientras Panamá organiza una cumbre climática preparatoria de la COP28, las calles de la capital han sido desbordadas por las protestas en contra de los nuevos contratos concedidos el viernes, de manera exprés, por el Legislativo y el presidente Cortizo, a la empresa canadiense First Quantum Minerals que podrá seguir explotando la mayor mina de cobre de Centroamérica. Los ambientalistas denuncian daños irreparables a los ecosistemas. Las manifestaciones en contra de la minera canadiense First Quantum Minerals, que representa ella sola el 4% de la economía panameña, estallaron este lunes, coincidiendo con la Semana del Clima de América Latina y el Caribe. Hubo cierre de caminos, enfrentamientos entre policías y manifestantes y paro de actividades.Para Isaías Ramos, del Centro de Incidencia Ambiental (CIAM), el descontento de los habitantes es tan grande que no han prestado atención a esta cubre regional. "Al Gobierno -dice Ramos a RFI- solamente le interesa el problema por una cuestión de imagen, realmente no le interesa el ecosistema ni el manejo ambiental interno del país. Para la sociedad esta cumbre ha pasado totalmente de largo y la mayoría de la población no tenía idea de que se realizaba esta semana y las coyunturas han coincidido con la aprobación del contrato minero".En 2017, la Corte Suprema de Justicia había declarado inconstitucional el contrato ley. No obstante, el mandatario panameño, Laurentino Cortizo aprobó el pasado viernes una nueva versión del contrato para explotar una zona boscosa del norte de Panamá.Se trata de un contrato leonino, de acuerdo con Liliana Guevara, directora ejecutiva del CIAM: "El contrato es leonino porque lesiona la soberanía de nuestro país, limitando las posibilidades de que el Estado panameño ejerza competencias públicas. Así pues, les da la facultad de producir energía y agua y de vendérnosla"."Les permite crear toda una serie de actividades económicas dentro de esa concesión que nada tiene que ver con la explotación minera. Esta mina supone una gran deforestación y destrucción irreparable de zonas y de fuentes hídricas que van directo a las comunidades de la región. Esos daños inestimables no pueden ser compensados. Es una relación realmente injusta", concluye Guevara.De continuar vigente el nuevo contrato, la minera canadiense podría operar durante los próximos 20 años.