El nuevo Código Penal de Cuba, aprobado el pasado fin de semana, ha suscitado las críticas de la disidencia y el activismo, que denuncian que asfixiará la protesta social y el periodismo independiente. Además de mantener los delitos de propagación de noticias falsas y de sedición –por los que ya fueron castigados con hasta 30 años de cárcel algunos de los manifestantes del 11 de julio–, el gobierno cubano notifica en esta reforma la condena de cuatro a 10 años a periodistas –o representantes de ONG– que reciban fondos “con el propósito de sufragar actividades contra el Estado y su orden constitucional”. “Los afecta en su existencia misma” Un anuncio que fue duramente criticado por el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ por sus siglas en inglés) con sede en Nueva York, por sus consecuencias sobre el periodismo independiente en la isla. “Habrá que ver cómo el gobierno cubano decide aplicar la norma. Generalmente, dictan estas normas que son claramente preocupantes y las van aplicando a discreción. Y si no, queda esa norma ahí, ejerciendo un evidente efecto disuasorio sobre el ejercicio del periodismo, porque los medios y periodistas en Cuba saben que arriesgan ir a prisión por ejercer el periodismo, si están utilizando fondos extranjeros para poder subsistir. No hay otra opción para que operen, no hay fondos locales, no hay ningún tipo de apoyo para los medios en Cuba”, comenta su investigadora principal para Latinoamérica y el Caribe, Ana Cristina Núñez. Según ella, “esta nueva norma, de aplicarse, significaría el fin de un medio independiente porque afecta la subsistencia y la posibilidad de operar. Por eso realmente manifestamos alarmas. Cuba lleva ya, en los últimos años, dictando nuevas normas, que restringen el campo de actuación de los medios, pero esto realmente los afecta en su existencia misma”. “Limitar la información” Desde Cubalex, una de las organizaciones más experimentadas en promover reformas al sistema jurídico cubano, Laritza Diversent, la directora ejecutiva, muestra su preocupación por el nuevo código penal que limitará la información sobre lo que suceda en la isla. “Ya el Estado venía dando todo un sistema normativo, con una serie de normas complementarias que le permiten al Estado crear toda una infraestructura para poder perseguir a las personas que publiquen información sobre lo que está pasando dentro del país, ya sea a través de fotos, memes, videos… Sí, es provocante porque se va a limitar la información tanto desde el interior de la isla hacia afuera como viceversa. Esto es el objetivo principal que tiene todo este proceso de reformas legislativas que empezó con la reforma de la constitución en el 2019”, estima Diversent. Según un informe de la Sociedad Interamericana de Prensa, en Cuba hay en la actualidad poco más de un centenar de periodistas no oficialistas, muchos de ellos jóvenes que intentan de ese modo expresar su reclamo contra el agobio de las presiones estatales. El nuevo Código Penal establece restricciones a lo que se pueda publicar en redes sociales y mantiene la posibilidad de la aplicación de la pena de muerte con carácter excepcional.