En Ecuador, el presidente Guillermo Lasso anunció la autorización de la "tenencia y porte de armas de uso civil para defensa personal", argumentando que se trata de una "medida urgente para combatir la delincuencia, el narcotráfico y el crimen organizado". Esto, en medio de una ola de asesinatos, secuestros y ataques a funcionarios públicos. Contrariamente a la idea de Lasso, los especialistas en seguridad ciudadana prevén un aumento de la violencia en el país. La casi unanimidad es latente entre los expertos de seguridad de Ecuador, que coinciden en que la medida establecida por el mandatario Guillermo Lasso de autorizar la "tenencia y porte de armas de uso civil para defensa personal" aumentará la violencia en un país que acabó el pasado año con la mayor tasa de homicidios de su historia. “Ampliar el mercado de armas” Para el profesor de la Universidad Central del Ecuador, Luis Córdova, es evidente que esta autorización del porte de armas en uso civil es contraproducente para disminuir la violencia criminal: “En el Ecuador,ya tenemos un enorme mercado negro de armas del cual se están alimentando las organizaciones criminales para cometer sus ilícitos. Cuando se crea este decreto ejecutivo, que permite una serie de cosas para la importación de armas por vía legal, para la fabricación incluso de armas en territorio ecuatoriano, lo que se hace es ampliar el mercado de armas disponibles en el país y por lo tanto, facilitar los mecanismos de tráfico”, explica el experto en violencia. “Más aún cuando no contamos con mecanismos para rendición de cuentas y supervisión, ni siquiera del rastrillo que está bajo jurisdicción de Fuerzas Armadas o del que mantiene Policía Nacional. Es más, en los últimos dos años hemos visto cómo de los propios cuarteles de la policía se han robado armas de dotación policial y ahora sirven para los criminales. Es decir, no ha habido ni siquiera capacidad para controlar las armas de dotación propia. Peor aún para hacerlo con armas importadas”, enfatiza Luis Córdova. “Decisión desesperada” Según la exsubsecretaria general de Inteligencia en Ecuador, Carolina Andrade, la medida instaurada por el presidente es el reflejo de la incapacidad y falta de toma de decisión en los recursos del país. “Solamente si vamos a ver los datos históricos, el porcentaje más bajo de uso de armas de fuego en homicidios fue en el año 2017: el 47.6% de los homicidios se cometieron por armas de fuego. El año pasado, en 2022, esto se incrementó drásticamente al 86%”, subraya la politóloga. “Por otro lado, nos alerta esta decisión desesperada en un contexto político donde Guillermo Lasso tiene que sobrevivir a un juicio político, una medida desesperada para buscar generar un guiño a los sectores de extrema derecha conservadores. Y además, es una muestra de incapacidad del gobierno central de haber garantizado la seguridad integral que está en la Constitución como una de sus principales responsabilidades”, recalca Andrade. El porte de armas en Ecuador está contemplado en la legislación desde los años 80, pero en 2009, con Rafael Correa al frente de la Presidencia, quedó suspendido de modo indefinido, no así la tenencia de armas, siempre bajo unos requisitos legales.