Sobre este episodio
En Colombia, la guerrilla del ELN anunció un alto el fuego de seis días para, según dicen, 'facilitar' las elecciones legislativas del 13 de marzo y del 29 de mayo. Análisis del contexto electoral con Camilo Gonzalez, presidente de Indepaz. El gobierno colombiano insiste en que hay plenas garantías para el doble proceso electoral, primero con las legislativas el 13 de marzo y después con las presidenciales el 29 de mayo. La ONU y 23 países habían pedido a los grupos armados un alto el fuego para que se puedan desarrollar los comicios con normalidad. La guerrilla del ELN anunció un cese de los combates entre el 10 y el 15 de marzo. "El ELN acaba de hacer un paro llamado 'paro armado', el cual afectó a por lo menos 100 municipios de los mil que hay (en la zona). Se interrumpió el tránsito de autos en algunas zonas al sur del país y hacia la frontera con Venezuela. Por supuesto que un cese el fuego de éstos va a facilitar que la gente vaya a votar. En todo caso, el paro armado ha sido muy contraproducente porque está limitando sobre todo a las poblaciones más pobres en los departamentos del Chocó, Cauca, Arauca, en la frontera con Venezuela. Todo eso golpea a las poblaciones más pobres. Y ahora, como gran oferta, esa guerrilla dice que no los van a golpear. Por supuesto que es mejor el silencio de fusiles que estar bajo las amenazas de este tipo de acciones”, dijo a RFI Camilo González, presidente del Instituto de Estudios para el Desarrollo de La Paz en Colombia (Indepaz). Eso no quiere decir que el panorama electoral se presente tranquilo, ni mucho menos, según Camilo González, pues a esto se agregan otros grupos armados, los cuales presionan en más de 250 municipios. Existen otras amenazas como la mafia y la corrupción, así como la falta de transparencia en los mecanismos electorales. "En Colombia tenemos un movimiento democrático poderosísimo en ascenso, pero no se quiso hacer la reforma electoral, la reforma política que se definió en el Acuerdo de Paz para que las elecciones fueran transparentes, para que se eliminara la tradicional cooptación de las instituciones por parte de mafias y por la corrupción. Se negó asimismo la posibilidad de una reforma de democratización electoral. El propio contralor encargado de vigilar el manejo del uso del presupuesto ha dicho que previo a las elecciones se han firmado 625.000 contratos. Incluso, modificaron la ley de garantías electorales para firmar contratos en pleno periodo pre-electoral y con esto se esta haciendo uso de la concertación publica para amarrar votos”, agrega.