El grupo de expertos independientes que investigaron la desaparición de 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, en el estado de Guerrero en México, concluyeron sus trabajos y reprocharon al Estado mexicano responsabilidad en el crimen por su insistencia en ocultar información del caso. En México, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, conocido como GIEI, entregó este martes su sexto y último informe sobre la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, casi 9 años después de los hechos ocurridos en Iguala, en el estado de Guerrero.La investigación, lanzada en 2015, ha tumbado la versión oficial y evidenciado que el Estado y en especial el ejército mexicano, encubrió su participación, así lo explica la abogada Ángela Buitrago, miembro del Grupo interdisciplinario de expertos independientes (GIEI), encargado de investigar el caso.¿Cuáles son sus principales conclusiones, en especial sobre el actuar de las autoridades del Estado? Cuando nosotros vemos la participación el 26 y 27 de septiembre de todas las autoridades que hemos ido descubriendo a lo largo de esta investigación, lo que sabemos es que todas las autoridades supieron, conocieron y tenían información muy relevante sobre el 26 y 27 de septiembre, por parte del Estado mexicano, se ha reconocido un crimen de Estado, se abrieron los archivos, pero posteriormente cuando empezamos a llegar a ciertos puntos y a ciertos temas, se vuelven a cerrar. Ustedes rastrearon minuciosamente los movimientos de agentes de actores en Iguala esa noche del 26 de Septiempre ¿Que se evidencia, un monitoreo constante de los jóvenes por parte de las autoridades? Si, inclusive desde antes de que había órdenes expresas, porque seguían a los muchachos minuto a minuto desde muchos años atrás, tenían gente infiltrada en la escuela que reportaba los movimientos de los muchachos. Ahí vemos cómo desde las horas en que salieron, en las horas tempranas, hay información sobre hacia dónde van, qué hacen, con qué buses, cuántas personas y la llegada a Iguala. Entre las 9:20 y las 10:15 tenemos un vacío de información no justificado por el patrón que venían desarrollando todas las instituciones, pero además, también se niega la posibilidad de que tengan esa información cuando se sabe que ellos tenían telefónicamente información de muchos de los grupos que estaban actuando en ese caso. Ha habido ocultamiento, de cierto modo, ustedes también denuncian que en realidad se les restringió acceso a pruebas, ¿como se ha dado eso? Sí, efectivamente, pues una de las peticiones del GIEI para mantener dos integrantes del grupo desde septiembre del año pasado hasta esta fecha era que nos entregaran toda la información, toda la inteligencia, la de operativa, la de terreno, absolutamente toda, para poder hacer la búsqueda correspondiente de los desaparecidos. Esa información se ha negado, esa información no la han entregado en toda su integridad y por eso seguimos diciendo que efectivamente falta información que es relevante. Su capítulo de investigación se cierra y ahora se entrega material a la fiscalía especial dedicada al caso. ¿Que seguimiento habrá que darle? Correcto. Ahí quedan una serie de líneas de investigación que se han ido sugiriendo a través del tiempo, quedan recomendaciones dentro del informe y queda todo el análisis que surge como nueva evidencia a partir de este sexto informe. ¿Se puede imaginar que esto algún día pase a la justicia internacional? Digamos que nosotros no somos personas llamadas a tomar esa decisión. Los requisitos para pasar existen, son requisitos que están reglamentados por el sistema regional y por el sistema internacional, La Corte Penal Internacional, son delitos que tienen esa connotación delitos internacionales, pero obviamente serán los representantes los que tomen la decisión correspondiente. La magnitud de este caso revela también un sistema de operación de la justicia, a través de la tortura como un método estandarizado para las investigaciones prácticas que hacen impune la posibilidad de sanción. Escuche la entrevista completa