Sobre este episodio
Por quinta vez, el Congreso de El Salvador aprueba la extensión del estado de excepción, pese a las manifestaciones de familiares de cientos de detenidos quienes se dicen "víctimas del Gobierno" del presidente Nayib Bukele. A pesar de los reclamos, el Gobierno argumenta que este régimen ha demostrado ser efectico en el control de la criminalidad. RFI conversó con Eduardo Escobar, director ejecutivo de la asociación Acción Ciudadana de El Salvador. Por 30 días más el congreso de El Salvador aprobó la extensión del estado de excepción, un régimen vigente desde marzo, pese a las críticas y reclamos por parte de los familiares de los detenidos, que reclaman tratos injustos. El Gobierno del presidente Nayib Bukele argumenta que la medida ha demostrado ser exitosa al disminuir la criminalidad en varias zonas del país, por lo que lo considera debe mantenerse para “resguardar la seguridad de los salvadoreños”. ¿Los resultados ofrecidos por el gobierno, justifican se alargue este régimen? “Yo creo que la extensión lo que muestra es en realidad el plan de seguridad fallido del Gobierno”, estima Eduardo Escobar, director ejecutivo de la asociación Acción Ciudadana de El Salvador. “Esta medida excepcional ya no lo es, sino que ya se volvió la norma”. Escobar opina que otro factor a tener en cuenta es de carácter electoralista. “En 2024 hay elección: se elige presidente y diputados, y por lo tanto, esta medida se va a seguir tomando en cuanto le dé un rédito electoral al Gobierno. Porque, pese a las violaciones a los derechos humanos que se están dando, pese a lo antijurídico de esta medida, la gente está aplaudiendo lo que está haciendo el Gobierno”, enfatiza. Según el especialista, las cifras ofrecidas por el gobierno sobre la detención de 50.000 personas sindicadas como miembros de pandillas, la confiscación de cientos de armas de fuego y el decomiso de drogas demuestran que en algunas comunidades el pandillaje se ha controlado, pero este régimen no sería efectivo a largo plazo. “No hay forma de refutar el argumento de que hay esa cantidad de detenidos y que en algunas comunidades, ya no está el pandillero. Lo que nosotros hemos señalado es que el Gobierno debe dejar de estar improvisando en materia de seguridad pública y debe establecer un verdadero plan de prevención y persecución del delito, porque el día de mañana, cuando ya no apruebe un régimen de excepción, ¿qué es lo que va a quedar en las comunidades? El Gobierno no ha atendido en debida forma el tema delincuencial. No atacó las causas de la criminalidad de las pandillas”, deplora Escobar. La extensión del estado de excepción limita la libertad de asociación, suspende el derecho a ser debidamente informada de sus derechos y motivos de arresto, así como la asistencia de un abogado. Las familias de los detenidos y diversas organizaciones han anunciado seguirán con las manifestaciones hasta que el Gobierno revise los casos de los detenidos.