Una investigación periodística del consorcio internacional Forbidden Stories desvela cómo en Guatemala la empresa minera local CGN, filial del gigante ruso-suizo Solway, ha presuntamente corrompido hasta las más altas esferas del poder para poder seguir extrayendo el preciado níquel de las tierras ancestrales mayas. Las tierras del noreste de Guatemala son muy ricas en níquel, un mineral indispensable para la fabricación de las baterías de todo aparato portátil que funcione con electricidad. Las empresas mineras extranjeras se disputan las concesiones de yacimientos situados en tierras ancestrales mayas, de la comunidad Q’eqchi’. Los indígenas llevan décadas peleando contra estas minas, y según desvela ahora la investigación periodística del consorcio internacional Forbidden Stories, el Estado guatemalteco ha jugado en su contra. Los periodistas han obtenido documentos que prueban que la empresa minera, CGN, filial del gigante ruso-suizo Solway, hizo pagos extra a la policía que ha desalojado a los habitantes indígenas de sus tierras o ha reprimido con dureza las protestas contra la mina de la localidad de El Estor, dejando varios muertos. “La práctica de CGN de tener a sicarios y asesinos, de tener vínculos con el narcotráfico, de usar a las maras para manipular escenarios políticos y sociales en El Estor, nos parece ser una forma total de impunidad y de corrupción”, señala Daniel Pascual, uno de los dirigentes del Comité de Unidad Campesina que también pelea contra la empresa minera en El Estor. “Han comprado a alcaldes de El Estor. Han creado organizaciones paralelas a las organizaciones sociales y populares. Esta investigación nos demuestra que ha sido el Estado el que ha caído porque se ha asesinado estudiantes, a líderes comunitarios y se han manipulado los escenarios para imponer estados de sitio constantes”. Por el pueblo de El Estor transitan cada día decenas de camiones llenos de níquel que, hasta el inicio de la guerra, debía ser procesado en Ucrania. Los habitantes consiguieron que se llevara a cabo un referéndum sobre el proyecto minero, pero ni siquiera eso paró la extracción del mineral. Según la investigación, la mina siguió trabajando y la consulta popular fue manipulada por CGP. “[La minera] ha avanzado mucho en sofisticar, no solo el manejo del escenario local, sino que también cómo y en qué momento causar daños y causar caos”, apunta Daniel Pascual. “Creemos que aquí hay una batalla fortísima sobre la libre determinación de los pueblos indígenas, en todo el país y en el caso concreto de El Estor, con el pueblo maya Q’eqchi’. Tenemos un escenario nacional regresivo en materia de derechos humanos. En El Estor se da esto, pero con la connotación de un racismo extremo, porque allí hay alto nivel de miseria, de falta de salud, de vivienda, de agua entubada, de desnutrición. Es una situación de pobreza extrema, pese a tener alrededor toda esa riqueza, que la está absorbiendo y se la está llevando el proyecto CGN y Solway”. La Corte Interamericana de Derechos Humanos inició en febrero una investigación sobre los proyectos mineros que asolan el noreste de Guatemala. El objetivo de los demandantes es conseguir que los habitantes indígenas obtengan el control de sus tierras ancestrales y puedan denunciar los estragos provocados por la minería en el medio ambiente.