Un juez estadounidense falló a favor del fin del famoso Título 42, la medida que ha bloqueado la entrada a miles de migrantes por razones de salud pública. El gobierno de Joe Biden tiene ahora cinco semanas para prepararse a abrir el paso por su frontera. El próximo 21 de diciembre se suspende por orden del juez Emmet Sullivan el polémico Título 42, la legislación impulsada por Donald Trump para mantener fuera de Estados Unidos a miles de migrantes por sospechas de Covid, y que Joe Biden y el departamento de Seguridad Nacional siguieron aplicando. Control del flujo de migrantes “El compromiso de campaña de Biden era restaurar el acceso al asilo en la frontera y no obstante, lo seguían usando para personas de México, de Centroamérica, y recientemente lo expandieron incluso para personas de Venezuela. Dejó en claro que el Título 42 ya no es una medida de salud pública, sino algo que el Gobierno estaba usando para controlar el flujo de personas llegando a la frontera y quienes podían entrar en el país”, explica a RFI Maureen Meyers, vicepresidenta de Programas en Washington Office on Latin America (WOLA), una organización pro derechos humanos. “Entonces, sí ha sido este un gran reto para el Gobierno, ser más consistentes entre sus compromisos de asegurar que cada persona que necesita protección tenga la posibilidad de acercarse a la frontera y por otro lado, seguir usando medidas que para ellos era un beneficio porque bajaban el número de personas migrantes llegando a Estados Unidos”, prosigue. Condiciones peligrosas en México El juez, Emmet Sullivan, dictaminó que esta medida era “arbitraria y caprichosa”, y dijo acceder con “mucha renuencia” al pedido del gobierno de Joe Biden de seguir aplicando el llamado Título 42 en la frontera con México cinco semanas más, para poder prepararse frente a una temida avalancha de migrantes, en su inmensa mayoría latinoamericanos. Según Maureen Meyers, “hay dos temas principales de la resolución del juez”. Por un lado, “el Gobierno nunca logró comprobar el beneficio de la salud pública con la medida”. Por otro lado, “el Gobierno sabía de los peligros que implicaba expulsar a esas personas a México”, “a ciudades peligrosas, donde eran sujetas a muchos delitos como secuestro, robo y asalto sexual”. Ahora, recalca la experta, “cualquier persona de cualquier nacionalidad podría acercarse a la frontera a buscar protección”, y “estas personas ya no estarían expulsadas a estas condiciones tan peligrosas en muchas ciudades fronterizas mexicanas”. El fallo del martes fue en respuesta a una demanda presentada en enero por la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU), que acusa al DHS y a la Patrulla Fronteriza de "expulsión sumaria" de familias vulnerables que buscan asilo y que no muestran signos de infección por Covid.