La reglamentación del trabajo sexual es un tema pendiente en varios países de América Latina. Sólo Brasil, Colombia y Uruguay lo reconocen como profesión. Esta semana, en México las trabajadoras y trabajadores sexuales lanzaron una coalición para que la ley reconozca sus actividades. Quieren seguridad social, pagar impuestos y acabar con los estigmas del oficio más antiguo del mundo. “El sudor de nuestras nalgas es tan digno como el sudor de sus frentes, ¿no?”, dice a RFI Natalia Lane, fundadora de la Coalición Laboral Puteril, para que las leyes de México reconozcan el trabajo sexual como una profesión. “Nace a partir de una conversación muy íntima que tuvimos dos mujeres trans trabajadoras sexuales. Si bien existen organizaciones, están enfocadas más a un propósito asistencialista. Creíamos que era muy importante defender específicamente los derechos laborales de nuestro sector”, resalta Lane. Explica que hay un marco normativo que reconoce el trabajo sexual como un trabajo, pero no existen derechos laborales específicos. Lane, quien además es defensora de los derechos humanos y trabajadoras, detalla que la coalición también busca que se les brinde la seguridad social, que se les tome en cuenta cuando se reformen las leyes y que se les garantice el acceso a la justicia. “Estamos más sujetas a las violencias institucionales por parte de la policía, por parte de los ministerios públicos, por los sistemas de salud, que no quieren hacer chequeos médicos, que te cuestionan cuántas parejas sexuales has tenido. La mayor parte de la violencia está legitimada por el Estado y también hay violencia, por supuesto parte de la familia, de la sociedad que nos revictimiza”, dice. “Cuando una compañera trabajadora sexual es asesinada, lo primero que se le cuestiona es por qué era trabajadora sexual, como cuando dicen que una mujer es violada porque llevaba la falda corta, o un escote pronunciado”. De acuerdo con Natalia Lane, el número de profesionales sexuales aumentó en México tras la pandemia de COVID-19.