Sobre este episodio
Es la primera vez que se adopta este tipo de medida ante el número creciente de amenazas a fiscales, jueces y políticos. En el punto de mira está el crimen organizado mexicano, venezolano y brasileño, grupos que se han implantado en todo el territorio y que están relacionados con el narcotráfico y el tráfico de personas. “Con el inicio del enfrentamiento con el mundo del narco, hace meses atrás, con el primer tiroteo que hubo, empezaron a aparecer carteles, panfletos, un mono conmigo ahorcado... Y han continuado las amenazas. La última vez, cuando el miércoles hicimos la última demolición, los soldados de los narcos gritaban ‘sabemos dónde vives, sabemos quiénes son tus hijos, vamos a matar a tu mamá’…”, cuenta Rodolfo Carter, alcalde de La Florida, municipio en el este de Santiago, el quinto más grande del país. Desde febrero, Carter impulsa la demolición de casas presuntamente relacionadas con el narcotráfico, y lleva meses recibiendo amenazas. No es el único: al menos otros tres alcaldes y dos diputados han recibido amenazas de muerte. Un fenómeno que se ha profundizado en el último año. “Nos ha tomado desprevenidos” “La situación de La Araucanía no es nueva. La violencia empieza en el año 97 con el primer atentado a camiones de una forestal, realizado por la Coordinadora Arauco Malleco en diciembre, pero desde ahí hasta hoy se ha ido profundizando, y sobre todo ahora que estamos enfrentados al crimen organizado, avanzó muy, muy rápido en el último año”, explica a RFI Pilar Lizana, investigadora en crimen organizado del centro de análisis AthenaLab. “Nos ha tomado desprevenidos en ciertos aspectos. Las autoridades han informado de la presencia de cárteles mexicanos como el Cártel Jalisco, Nueva Generación y el Cártel de Sinaloa. Los distintos medios de comunicación del país informaron muchísimo sobre el actuar del Tren de Aragua, estos venezolanos que nacen en el sistema penitenciario de Venezuela y operan de manera bastante extensa en el territorio”, prosigue Lizana. Exportación de drogas Chile se ha convertido en un lugar importante para las actividades de estos grupos sobre todo por su costa, analiza la investigadora: “Somos vecinos del segundo y el tercer productor de coca mundial, Perú y Bolivia. Y nuestra frontera con Bolivia es bastante utilizada para ingresar esta droga al país y después este tipo de grupos transnacionales están tratando de sacarle provecho a nuestra infraestructura portuaria para poder exportarlo por ahí. El informe de Naciones Unidas, que se publicó hace unas semanas atrás sobre la producción de coca, ya ubicó a uno de nuestros puertos dentro de las rutas de distribución”. La unidad de la Fiscalía que investigará las amenazas está dirigida por Héctor Barrios, especialista en crimen organizado que pilotará un grupo de 13 fiscales.