En Honduras, las barras de cuatro equipos de fútbol firmaron esta semana un pacto de paz en los estadios para el día de la posesión de Xiomara Castro, con la mediación de una comisión del futuro gobierno. Una paz pactada para una coyuntura específica, pero con la perspectiva de cambiar las políticas de los gobiernos hondureños respecto a la violencia juvenil. “Las cuatro barras históricas del país firmaron un compromiso de paz y de trabajo conjunto en la mejora de las relaciones de la juventud fanática del deporte en el país. (…) Desde la instalación de la Comisión, las barras mostraron la iniciativa de articularse y presentar una propuesta integral de apoyo a la juventud, sectores sociales desfavorecidos y a sus miembros en general, con miras a cumplir su rol de liderazgo y de espacios de convergencias de juventudes a nivel nacional”, reza el comunicado de la Comisión de Transición para Movimientos Sociales, que añade que el gobierno de Castro “tiene un fuerte compromiso con la juventud y con la atención a las necesidades principales del pueblo hondureño”. Pertenecer a una barra brava en Honduras, uno de los países más violentos del planeta, es exponerse en un triple punto de mira: la barra rival, la policía y las pandillas. Pero más allá de la violencia, estos grupos también ejercen como red de apoyo mutuo, configuran espacios seguros para jóvenes enfangados en una sociedad hostil, y en la visión de sus líderes y expertos, puede convertirlos en agentes para la transformación social. Eugenio Sosa, sociólogo y asesor del gobierno de Xiomara Castro de Transición para Movimientos Sociales, explica que “los gobiernos sobre todo en los últimos años han pretendido colocar políticas en torno a este problema de la violencia y la juventud de las pandillas y las barras, que han sido muy criticadas y han fracasado”. “Número uno, algo que proviene de las iglesias evangélicas, que la Biblia sea obligatoria lectura al inicio de las clases en las escuelas. Eso ha sido una cuestión persistente de este enfoque criminalizador. Segundo, se generó un proyecto de los guardianes de la patria que es llevar a jóvenes a recibir una especie de adoctrinamiento religioso, una práctica militar, aunque no hay armas, para disciplinarlos e inculcarles valores. Tercero, que siempre lo han lanzado como propuesta en el Congreso y no pudo pasar, es volver al servicio militar obligatorio. Y el cuarto es bajar la edad punible”, detalla Eugenio Sosa. Sin embargo, el nuevo gobierno busca abordar el problema de otra manera, subraya el asesor: “El enfoque del nuevo gobierno será trabajar oportunidades para la juventud de una manera integral”. La idea de firmar acuerdos de paz con los grupos violentos, como en El Salvador, “puede ser algo muy puntual pero no es una solución”, recalca. El enfoque tiene que ser otro, según Eugenio Sosa: “Habrá que trabajar más el colapso educativo. Muchos jóvenes no quieren estar en la escuela. Según varias encuestas quieren irse en caravana o quieren integrar pandillas para abrir alguna economía de la violencia o satisfacer otro tipo de identidad”. “Entonces será un tema central, atender la violencia, evidentemente la violencia juvenil, ya sea como víctimas o como victimarios. Ser joven en Honduras se convirtió, probablemente hace casi dos décadas, en una condición de alto riesgo”, concluye el asesor para la Transición para Movimientos Sociales.