En Honduras, nueve organizaciones humanitarias anunciaron esta semana que buscarán "asegurar" investigaciones "independientes" sobre el asesinato de dos ambientalistas, ocurrido el 12 de enero en el noreste del país. Los familiares piden justicia. Defender el medio ambiente en Honduras de actividades que ponen en riesgo el ecosistema y en consecuencia la subsistencia de los pueblos, se ha convertido en una causa que puede costar la vida y la libertad. Desde el 2012 más de 100 ambientalistas han encontrado la muerte en el país. Hipótesis oficial rechazada Diversas organizaciones humanitarias levantaron esta semana su voz de protesta, tras la muerte el 12 de enero pasado de dos defensores ambientales, Aly Domínguez y Jairo Bonilla, y que según hipótesis de la policía se debe a un intento de robo. Reynaldo Domínguez, hermano de una de las víctimas y miembro de la junta de defensa del agua en la comunidad de Guapinol, no cree en la versión de la policía y pide justicia y una investigación justa: “No compartimos esa hipótesis porque cuando es un asalto, a las víctimas las doblegan mientras se despojan. Algunos logran sobrevivir, pero ellos fueron rematados con un tiro en la cabeza cada uno. Entonces esa hipótesis es muy adelantada, muy apresurada, de parte de la policía y el Ministerio Público. El Ministerio Público ha tenido presos a ocho compañeros y nos ha arrimado delitos que no hemos cometido”. “Complicidad con el gobierno hondureño” Liliana Caballero, oficial de incidencia del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), señala que el desarrollo de actividades mineras que no respetan los estándares mínimos de protección ambiental son parte del problema que, sumado a la poca fiscalización de los organismos públicos, ocasiona que no se respeten los derechos de las poblaciones que ven disminuida su calidad de vida. “Estamos frente a un contexto que ya ha sido reconocido por múltiples organismos, también por muchos estudios en la materia, que son empresas mineras, hidroeléctricas, que mantienen una operación en el país sin que esté apegada a los estándares internacionales y pasando por encima de cualquier control de calidad, sin transparencia, con mucha opacidad en sus operaciones, que dan cuenta que hay una dinámica de complicidad con el gobierno hondureño y que esto no ha sido subsanado de ninguna manera por la actual administración”, denuncia Caballero. Mientras se realizan las investigaciones, Reynaldo Domínguez señala que los defensores ambientalistas y todo aquel que se atreva a ponerse en frente de estas grandes mineras corren un gran riesgo, pero el miedo no hará que dejen de defender su derecho a una vida de calidad.