Fecha de publicación: miércoles 10-agosto / 5:20am

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Noticias de América

Sobre este episodio

El Brasil, la organización pro derechos humanos Human Rights Watch (HRW) publicó este martes un informe detallando cómo el gobierno de Jair Bolsonaro ha deteriorado por sus políticas las condiciones de vida de las comunidades indígenas. En Brasil, la Fundación Nacional del Indio (Funai) es la agencia del gobierno encargada de proteger a los pueblos originarios. Sin embargo, alerta Human Rights Watch, el presidente Jair Bolsonaro se ha empeñado en transformarla en un obstáculo para el bienestar de estas comunidades. “Primero, la inmensa mayoría de los directivos de esta agencia han sido substituidos, y quienes están ahora son gente sin experiencia en derechos indígenas.  Muchos de ellos son militares”, explica César Muñoz, quien hace parte del equipo de investigadores de HRW.   Bolsonaro “ha iniciado o pedido procesos criminales, penales, contra personas que han defendido los derechos indígenas”, asegura. “También destacaría que el gobierno de Bolsonaro ha paralizado toda la demarcación de tierras indígenas, y esto es muy importante porque hay pueblos que llevan décadas esperando esa demarcación, de recibir el título con el que pueden estar seguros de la propiedad colectiva y protegerla. En la práctica abres la veda para que entren personas a invadir, a apropiarse de esos territorios”, recalca Muñoz. Para HRW, en los últimos tres años el impacto del gobierno de Bolsonaro ha sido particularmente negativo en este aspecto. “Es devastador para esas comunidades, particularmente en la Amazonia, donde estamos viendo un aumento de más del 100% de invasiones de tierra, de personas dedicadas a minería, tala o caza ilegal y que ponen en riesgo la supervivencia de estos pueblos”, advierte. El mandatario brasileño promueve además un proyecto de ley que dificultaría a los indígenas reclamar tierras tradicionales sin un comprobante anterior a 1988. “Tenían que estar en el territorio el día que se promulgó la Constitución brasileña… Es poner una fecha arbitraria, que es el 5 de octubre de 1988, y si ellos no pruebas que ese día estaban allí físicamente, no tienen derechos. Es algo absurdo y que claramente si es aprobada perjudicará enormemente a todas las poblaciones indígenas de Brasil”, denuncia. Brasil celebra comicios presidenciales en menos de dos meses. César Muñoz y su equipo de Human Rights Watch hacen un llamado a que se tomen en cuenta las cuestiones ambientales e indígenas en la campaña electoral, especialmente tras el asesinato en junio de un periodista y de un ambientalista exfuncionario de la FUNAI en la Amazonía.

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