Hubo 951 líderes populares y 317 excombatientes firmantes de la paz asesinados. Estos números y las historias que están detrás aparecen en el informe “Reclamar y morir exterminio de liderazgo social de base en Colombia 2016 2022”, del Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep). RFI entrevistó a los autores del estudio, Claudia Bahamon, abogada, y Carlos Garaviz, filósofo. RFI: Ustedes son investigadores sociales del Banco de datos en derechos humanos y violencia del El Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep) y coautores de este informe, cuyas cifras de homicidios son tan altas como el grado de impunidad que los rodea… Claudia Bahamon (CB): Las cifras de impunidad son altísimas, casi el 90% de los casos que llegan a la justicia, porque claramente no todos llegan porque uno de los grandes inconvenientes es que la mayoría de presuntos responsables están en el anonimato. Pero también está el segundo problema, que es que no se cuenta con una confianza en la institucionalidad. Y esto también influye en que los índices de impunidad sean altísimos, que se continúe esto que llamamos la guerra sucia, precisamente porque se perpetúan los hechos y que no tienen resultado alguno. ¿No hay un perfil de los agresores?CB: La mayoría de casos, como se ve en el documento, son hombres armados, encapuchados, que se movilizaban en motocicleta, personas sin identificar… Los asesinatos a líderes y lideresas de los 951 casos, 682 no tienen información de los presuntos responsables. Los casos restantes son el Estado colombiano, a través de la fuerza pública y la Policía Nacional de la Fuerza Aérea y el Ejército Nacional, y también grupos de guerrilla y paramilitares. La investigación también reporta 128 agresiones como una forma de represalia contra los familiares de estos líderes y exguerrilleros. Carlos Garaviz (CG): En últimos quizás cinco años esto se ha venido disparando en relación con las familias como una manera de intimidar y de decirle a los líderes, pero sobre todo a los excombatientes y a sus familiares: ojo con los que se vayan a meter a X o Y grupo porque les puede pasar esto. Y es un hecho muy grave, porque afecta el derecho internacional humanitario y además horroriza el conflicto que vivimos, porque una cosa es la libre personalidad del combatiente que decide tomar armas y otra cosa es el familiar que no está metido en armas. Entonces ya degrada el conflicto de por sí. ¿Hay un perfil específico de estos 317 excombatientes de la guerrilla de las FARC que le cumplieron a la paz, que firmaron el acuerdo y que han sido asesinados? CG: De ahí hay como dos hechos. Uno es que desde que se dio el proceso de paz el 24 noviembre del 2016, que fue la última rectificación del acuerdo. Se dice: se desintegró la guerrilla, están en los que se acogieron al proceso y los que no se acogieron, que son los que llamamos disidencias. Este nuevo grupo de disidencias empezó a presionar a aquellos que siguieron la vida civil y no optaron por las armas y al no hacerlo, pues los fueron amenazando y asesinando. Muchos de estos asesinatos tienen una característica y es que son líderes en sus territorios. Quisieron montar, por ejemplo, microempresas y tenían un liderazgo en ese sentido y eran las cabezas visibles de estos centros. El Gobierno los acomodó. Y, algunos incluso eran líderes sociales también se en sus zonas rurales, presidentes de Junta de acción comunal, o no necesariamente de Junta de acción comunal, sino un liderazgo propio por su formación. Es decir, las víctimas son implementadores de la paz, tanto aquellos que han sido excombatientes como aquellos que no han estado en una guerrilla, pero que están a la cabeza de procesos sociales para sus comunidades y sobre la base de implementar el acuerdo de paz… CB: Precisamente parte de acabar con los procesos y con las voces de los liderazgos sociales es exterminar los procesos de base, es exterminar como todos aquellos impulsos y como ya lo que está desarrollado en camino en la lucha por los territorios, en la lucha por la igualdad, en la lucha por tener una perspectiva desde lo territorial, desde las comunidades étnicas, campesinas, negras y que precisamente es buscar que no se permita continuar con estos procesos organizativos. En la investigación, no solo hablamos de asesinatos, sino también hablamos de los atentados, de las amenazas que son también es una clara señal del enfrentamiento con directo y total a estos procesos de base no que tantos años han luchado, que precisamente vieron en el acuerdo de paz como una posibilidad de desarrollar sus acciones y emprender otras en los territorios. CG: En últimas, con el fin de querer acallar su liderazgo en la región y que puedan salir de la misma para que no molesten a los industriales o a los dueños de la tierra de precisamente están protestando. El informe de ustedes reclamar y morir también da cuenta de líderes y de lideresas que han sobrevivido a los ataques, pero que son víctimas de mutilaciones, pérdidas de órganos, heridas, disfunciones orgánicas y traumatismos y, además, 36 casos confirmados de desaparición forzada en estos 6 años de paz.