En Colombia, los adversarios del glifosato, un controvertido herbicida, ganaron una batalla judicial. La Corte Constitucional ordenó al gobierno de Iván Duque consultar previamente a los pobladores de las zonas concernidas antes de reanudar las fumigaciones de campos de coca. A siete meses de que termine el mandato de la administración actual, parece poco probable que puedan reanudarse las fumigaciones. Las autoridades deberán acordar con los pobladores la reanudación de las fumigaciones antidrogas con glifosato en Colombia, determinó la justicia en una sentencia que trunca los planes del presidente Iván Duque de reactivar las aspersiones aéreas. Lucha contra el narcotráfico Así pues, al cabo de una batalla legal de varias organizaciones sociales y campesinas, la Corte constitucional obligó al Estado colombiano a organizar una consulta con la población de los 104 municipios donde quiere realizar fumigaciones. Los jueces fijaron un plazo de un año, prorrogable hasta seis meses, para que los funcionarios lleguen a un acuerdo con las comunidades, lo que en la práctica impide que las fumigaciones puedan reactivarse bajo el gobierno de Duque, quien concluirá su mandato de cuatro años en agosto sin opción de ser reelegido. Era una de las medidas emblemáticas para luchar contra el narcotráfico: el gobierno de derecha radical de Iván Duque intentó en varias ocasiones reanudar las fumigaciones de cultivos de coca con glifosato. En 2015, Colombia suspendió el uso de este peligroso herbicida tras las alertas de la OMS sobre sus posibles efectos cancerígenos. Pero la administración Duque insiste en que fumigar es una de las herramientas claves para erradicar los cultivos ilícitos. “Política inefectiva” Daniel Mejía, economista de la Universidad de los Andes y autor de un informe sobre el tema, cuestiona la utilidad misma del uso de este producto: “El gran problema con las aspersiones con glifosato, más allá de si se hacen consultas previas o no, es que, no sólo es una política inefectiva para combatir el narcotráfico, los cultivos ilícitos, la producción y el tráfico de cocaína, sino que también tiene efectos negativos sobre la salud humana”. “No necesariamente aspersión de una hectárea de hoja de coca con glifosato significa eliminación de esta hectárea. El estudio que yo hice muestra que, por cada hectárea asperjada, los cultivos de coca se reducen entre el 2 y el 4% de una hectárea. Además, los cultivadores toman decisiones que reducen la efectividad de la aspersión, como por ejemplo cortar el tallo de la planta a 30/40 centímetros del suelo, seis u ocho horas después de que pasaran con glifosato, y la planta a los dos o tres meses otra vez está produciendo una cosecha”, detalla. “Si uno a esa baja efectividad y altísimos costos financieros directos de las campañas de aspersiones, le suma los costos en el medio ambiente, en la salud humana, en la pérdida de confianza en las instituciones, pues pero aún”, enfatiza el economista. Según Mejía, la insistencia del Gobierno en querer usar este producto puede tener dos explicaciones: una que viene de una “teoría de la conspiración” sobre las compañías que quieren vender este producto a los países, como Monsanto, y otra que tiene que ver con la medición de los esfuerzos antidrogas y la voluntad de mostrar que “se está haciendo algo”. De acuerdo con las cifras de Naciones Unidas de 2020, hay 143.000 hectáreas sembradas con coca en Colombia. Los que se oponen al glifosato piden que se refuercen las políticas de sustitución de cultivos. Con la AFP