Sobre este episodio
En Honduras, en pleno estado de excepción, una comitiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realiza esta semana una evaluación del estado de los derechos de los presos, etnias y otros grupos sociales y humanitarios. Honduras fue el cuarto país más peligrosos para los defensores de derechos humano, según cifras del observatorio Front Line Defenders. Una misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realiza desde el lunes una evaluación del estado de los derechos de los presos, etnias y otros grupos sociales y humanitarios de Honduras. El país centroamericano encabeza desde hace varios años la lista de los países con la tasa más elevada del mundo, junto a El Salvador, Jamaica, México y Trinidad y Tobago. En respuesta al poder de las pandillas, la presidenta Xiomara Castro declaró desde diciembre de 2022 el estado de excepción en decenas de municipios del país y facultó a la policía para detener a toda aquella persona que, a su juicio, tenga vínculos criminales. Según Leonel George, activista hondureño quien encabeza una lucha contra las mineras en el norte del Honduras esta medida ha agravado la situación de los defensores de los derechos humanos. En enero de 2023, fueron asesinados a tiro Jairo Bonilla y Aly Domínguez, quienes defienden el Parque Nacional Montaña de Botaderos Carlos Escaleras. Vulnerables ya por denunciar las irregularidades y la corrupción de las empresas mineras y por alertar sobre la devastación de los ecosistemas, los activistas de Honduras se sienten aún más amenazados desde que la presidenta Xiomara Castro estableció el estado de excepción a finales de 2022 y que ha prolongado tres veces desde entonces. “El estado de excepción otorgado ha impedido la libre circulación en el ejercicio de la labor. Desde el Estado se nos ha criminalizado a los defensores y defensoras con fuertes campañas de estigmatización, de odio, y con acusaciones como pertenecer a grupos criminales”, alerta Leonel George activista de la Coordinadora de organizaciones populares del río Agúan, en el norte de Honduras. “Al estar ese estado de excepción, tienen la facultad de detener a quien quieran”, denuncia el activista, entrevistado por RFI. Leonel George quiere llamar la atención de Soledad García Múñoz, la relatora para Asuntos Ambientales que integra la comitiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de visita en Honduras esta semana. “Yo le diría que están en los expedientes de las instancias hondureñas acreditadas las ilegalidades de las empresas mineras y extractivas que han operado con ilegalidad e impunidad”, enfatiza. Honduras es uno de los países más peligrosos para los defensores del medio ambiente. En lo que va del año, 8 activistas han sido asesinados.
