A casi 30 años del atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó este viernes a la Argentina por faltas en la prevención e investigación del ataque perpetrado en Buenos Aires, que en 1994 dejó 85 muertos y más de 300 heridos. Una sentencia celebrada por los familiares de las víctimas y el Centro de Estudios Legales y Sociales, quienes impulsaron la demanda internacional hace ya 25 años. Por Marianela Mayer Tras décadas de impunidad, la justicia dio este viernes la razón a los familiares de las víctimas del atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina, más conocida como AMIA.La Corte Interamericana de Derechos Humanos consideró al estado argentino como responsable de violar los derechos humanos de las víctimas y sus familiares, así como el derecho colectivo a la verdad. En consecuencia, Argentina deberá comprometerse con las investigaciones y las medidas de reparación.La decisión se conoce a un mes de que se cumplan 30 años del ataque y 25 años después de que los familiares de las víctimas, reunidos en la asociación Memoria Activa, presentaran la demanda internacional junto al Centro de Estudios Legales y Sociales, CELS.Diana Wassner, quien perdió a su marido en el atentado e integra la agrupación, celebró la noticia: “Es un hecho histórico, no solamente en la causa AMIA, creo que es un hito también en nuestro país, porque es una sentencia muy fuerte, muy contundente de una condena absoluta al estado argentino, en donde se le dice que el Estado incumplió todo lo que veníamos denunciando: en primer lugar, el estado tiene la responsabilidad de cuidar a los ciudadanos y de hecho, lo incumplió aún a sabiendas de que podía ocurrir un atentado; y después todos los diferentes estamentos del Estado que estuvieron involucrados en el encubrimiento horrible que esto pase también tiene que ser de alguna manera un hito en que esto no puede volver a pasar”.También la directora del CELS, Paula Litvachky, destacó la relevancia del fallo, que fija estándares jurídicos para la región: “Es un impacto político, un impacto en términos reparatorio y tiene un impacto jurídico. También el estado argentino, (le) es obligatorio cumplir las decisiones de la Corte Interamericana, ya tiene un impacto muy claro vinculado al establecimiento de una verdad, cómo fueron estos 30 años y tiene que ver con parte lo que dijo la Corte, de que el Estado argentino, sus acciones concretas fueron las responsables de que hoy no haya una respuesta adecuada, no sólo a las víctimas, sino a la sociedad Argentina.”Ahora comienza otra etapa, la de controlar que el estado argentino cumpla con lo dispuesto.