La muerte de 99 niños yanomamis en Brasil el año pasado hizo sonar las alarmas del gobierno brasileño sobre las amenazas contra este pueblo autóchtono. El ministro de Justicia ordenó una investigación sobre las omisiones en materia de protección de la salud de los Yanomamis. Entre los estados de Roraima y Amazonas se extiende la tierra del pueblo indígena Yanomami, hogar de 30 mil indígenas, repartidos en un total de 350 comunidades. Con el avance de la minería ilegal y la deforestación se han visto en los últimos años seriamente en peligro por la malaria y la desnutrición, entre otras amenazas. Sumado a la carencia de protección contra aquellos dirigentes indígenas que elevan su voz de protesta contra los llamados crimines ambientales dentro de su territorio. La situación se ha tornado sumamente crítica y la vida de estas poblaciones se encuentra totalmente desprotegida. A tal punto que el ministro de justicia brasileño Flavio Dino anunció la apertura de una investigación policial por “genocidio” contra el pueblo Yanomami. El gobierno del izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva reveló el sábado que 99 yanomamis menores de 5 años murieron el año pasado en la mayor reserva indígena de Brasil por desnutrición, neumonía y malaria, entre otras causas. “Hoy lo que sucede en la tierra indígena Yanomami, que tiene casi 30.000 indígenas, es una de las mayores tragedias en Brasil. Tiene como principal vector, la invasión de la minería ilegal y la desestructuración del sistema de atención de salud en el territorio”, señala Manuela Otero Sturlini, asesora de campo del Instituto Socioambiental (ISA) de Brasil, una ONG de defensa de los pueblos indígenas. Sturlini denuncia los “3000 casos de niños con déficit nutricional y 20.000 casos de malaria al año y muertes evitables”. Para la especialista, el abandono a estas comunidades es una historia conocida, pero afirma que el gobierno saliente de Jair Bolsonaro se ha caracterizado por desmantelar las pocas políticas de protección en materias de salud y protección territorial que ya existían. “La situación evolucionó de manera peligrosa en los últimos 4 años con el gobierno de Bolsonaro con la desestructuración de los órganos de fiscalización de la minería ilegal lo que dio la sensación que era una actividad regularizada y que impulsó la invasión de estos territorios protegidos”, detalla la investigadora. Si bien la visita del relecto presidente Lula Da Silva, pone el foco a este abandono, lo inmediato según Otero Sturlini, es retirar del territorio Yanomami a las mineras ilegales y devolverle así a la población, el derecho de desarrollarse en un territorio libre de peligros. La investigación, que apunta a acciones y omisiones de funcionarios públicos y exjerarcas de la salud en tierras yanomamis, también abarcará supuestos crímenes ambientales y desvío de recursos públicos. Manuela Otero Sturlini fue entrevistada por Marylin Lavado.