Desde el inicio de su sexenio, en 2018, el mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador le declaró la guerra a la Suprema Corte de Justicia, y esta semana logró una alianza con el legislativo para aprobar una ley que reduciría el presupuesto de todas las instituciones del poder judicial. Se trata de unos fideicomisos estimados en 15 mil millones de pesos (800 millones de euros) que pasarían a los programas sociales del mandatario, quien ha dicho que prefiere crear becas que continuar pagando los exorbitantes salarios de los magistrados de 700 mil pesos mensuales (unos 35 mil euros).“Equilibrio entre poderes”Aunque sólo le falta publicarlo en el Diario Oficial de la Federación, el mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador continúa justificando los recortes al poder judicial.Sin embargo, de acuerdo con Luis Miguel González, director editorial del diario mexicano El Economista, estas instituciones ya operan con precariedad: “En México, el poder judicial tiene un porcentaje del PIB de 0,25%, que es mucho menor al que tienen, por ejemplo, en Brasil, Colombia, Chile. México no ha valorado presupuestalmente al poder judicial como se merece”, explica.“De fondo es un asunto mucho más político. Tiene mucho más que ver con el equilibrio entre poderes que con asuntos presupuestales. Esta discusión por los fideicomisos es una vuelta de tuerca. Es el presupuesto como una manera de establecer quién manda, si el poder ejecutivo o el poder judicial”, subraya el periodista.“Totalmente incongruente”El mandatario mexicano ha declarado que los recursos de los fideicomisos serían destinados a becas de educación básica, o para repartirlos en las arcas de las 32 entidades federales, algo que no tiene lógica desde el punto de vista económico, dice a RFI Miguel González Ibarra, investigador en la UNAM y coordinador del Centro de Estudios Financieros y Finanzas Públicas de la Facultad de Economía.“Evidentemente, es una decisión de López Obrador de tratar de subordinar al único poder que continúa autónomo, porque en realidad, desde el punto de vista económico, él está creando nuevos fideicomisos, y entonces 15 mil millones, 13 mil millones, no pintan, y está creando unos nuevos para subvencionar sus obras en el Aeropuerto Felipe Ángeles, el Tren Maya y la Refinería de Dos Bocas. Y eso le está dando recursos”, comenta el académico.“Entonces”, prosigue, “resulta totalmente incongruente desde el punto de vista económico, que trate de quedarse con los recursos de un fideicomiso que afecta a un poder autónomo y que va a afectar a cerca de 60.000 personas, y todas no son de la Suprema Corte. La Suprema Corte sólo representaría en los recursos menos del 7%. Son en realidad los jueces de circuito, los jueces que están realmente atendiendo a la población”.Funcionarios de tribunales federales ya anunciaron que promoverán una acción de amparo para resguardar los fideicomisos. Si pasara a tribunales, esta ley podría llegar hasta la Suprema Corte de Justicia, encargada de dar el fallo final.