Según Álvaro Leiva Sánchez, presidente de la Asociación Nicaragüense para la Defensa de los Derechos Humanos, la situación judicial del obispo Álvarez no estaría exenta de abusos, una situación que demuestra una vez más la fuerte represión del gobierno de Daniel Ortega contra todo aquel contrario a su régimen. El obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez, crítico del régimen del presidente nicaragüense Daniel Ortega, fue detenido por la policía en el último episodio del enfrentamiento entre la Iglesia católica y el gobierno. La policía irrumpió en la curia de esa ciudad del norte del país, donde Álvarez permanecía sitiado desde hacía dos semanas, y lo trasladó a Managua. La detención del religioso según testimonios recogidos por medios locales fue violenta. En un primer instante, las fuerzas policiales no precisaron el lugar de la detención, lo que preocupó a toda la comunidad internacional de defensa de derechos humanos. Desde el exilio, Álvaro Leiva Sánchez, presidente de la Asociación Nicaragüense para la Defensa de los Derechos Humanos comentó a RFI que el obispo se encontraba detenido en el domicilio de sus padres, sin antes dejar de remarcar que esta detención es considerada como un “secuestro policial”. “El resto de los sacerdotes que fueron secuestrados se encuentran en las cárceles preventivas del chipote, bajo la posibilidad de tortura amenaza e interrogatorios permanentes”, anuncio el especialista, quien desde que se inició esta amenaza policial, sigue muy de cerca el desarrollo de este caso. La policía declaró que tomó la decisión de trasladar a Álvarez de la curia a Managua debido a que persistía en sus actividades “desestabilizadoras y provocadoras”. Ante este hecho diversas arquidiócesis religiosas en América Latina manifestaron su solidaridad con el obispo y pidieron que las autoridades nicaragüenses revisen de forma consciente este caso. ¿Qué le espera al obispo? Ante las fuertes represiones judiciales que afrontan aquellos adversos al gobierno de Daniel Ortega, la situación del obispo no se augura alentadora. Según Leiva Sánchez, el obispo Alvares estaría sujeto a dos posibles escenarios: “la expulsión de Nicaragua o simplemente enfrentar un proceso ilegal”. El especialista en derechos humanos agregó que el gobierno buscará argumentos para descalificarlo e iniciar un proceso judicial que no tendría ningún sustento legal. “Con esta detención Ortega sigue demostrando una conducta de hostilidad hacia la iglesia católica, a los derechos humanos y a los derechos constitucionales de los nicaragüenses. No tiene una voluntad política de mejorar los derechos de la población, como es su libertad religiosa”. La captura de Álvarez, precedido por el arresto de tres sacerdotes, se suma a una larga historia de 43 años de desencuentros entre la Iglesia católica nicaragüense y los sandinistas encabezados por el dictador Daniel Ortega. El régimen de Managua ha lanzado fuertes calificativos contra los obispos nicaragüenses hasta el punto de llamarlos “terroristas”. Y solo porque actuaron como mediadores de un diálogo nacional en busca de una salida pacífica a la crisisni que vive Nicaragua desde abril de 2018.