El comité contra la Tortura de Naciones Unidas concluyó que el Estado de Nicaragua ha violado sistemáticamente los derechos humanos y la Convención contra la tortura. Indica que el 97% de las denuncias se produjeron en centros de detención. Las organizaciones civiles denuncian una falta total de compromiso frente a sus obligaciones internacionales y están muy preocupadas por la falta de colaboración del gobierno de Daniel Ortega para mejorar la situación que reveló el estudio. El pasado 14 de julio, el Comité Contra la Tortura convocó a Nicaragua a una revisión en el marco de la Convención contra la Tortura. El Estado no asistió y acusó el comité de parcialidad para gestionar sus informes e inferir en sus leyes. Ante esto, el comité señaló que estas afirmaciones revelan un profundo desconocimiento, puesto que Nicaragua suscribió la Convención en 1985, durante el primer mandato de Daniel Ortega, y sigue vinculado a ella. “Esta resistencia no es nueva, y ocurre mientras el Estado es acusado de poner en marcha una política de detenciones arbitrarias contra cualquier tipo de oposición”, apunta Tania Agosti, de la ONG afincada en Suiza, Raza e Igualdad, en el marco de la conferencia de prensa virtual Análisis de las Observaciones Finales del Comité contra la Tortura sobre Nicaragua. “En la actualidad se reportan al menos 190 personas privadas de libertad por motivos políticos en condiciones inhumanas y donde existen claramente indicios de tortura y violencia sexual. El comité no duda en señalar que estas acciones son el resultado de la ausencia de órganos de control independientes y de la subordinación de las instituciones de seguridad al Poder Ejecutivo”, agrega. Juan Carlos Arce, del colectivo “Nicaragua Nunca +”, insiste por su parte en “destacar que el comité manifiesta en primer lugar su preocupación por la falta de independencia y de imparcialidad del Poder Judicial y de la Fiscalía General, lo que facilita el uso del derecho penal para criminalizar la disidencia, la vulneración de la garantía judicial y la impunidad”. Estas mismas inquietudes las comparten otros organismos, como el Subcomité para la Prevención de la tortura (SPT) de Naciones Unidas. “Sé que hay limitaciones muy serias a las visitas de los familiares de las personas presas”, dice Juan Pablo Vegas, su relator para Nicaragua. “Y sabemos también que ni siquiera el Comité Internacional de la Cruz Roja ha podido realizar visitas a establecimientos penitenciarios desde mediados de 2021”, dijo también el marco de la conferencia virtual. “La prevención y la erradicación de la tortura y otros tratos y penas crueles, inhumanas y degradantes no son una opción política, un eslogan humanista y aún menos una imposición de un poder externo que viola la soberanía de un Estado. Es importante tener en cuenta que SPT es un organismo de cooperación con los gobiernos más que de denuncia. En realidad, creo que queda claro que la falta de cooperación del Estado nicaragüense forma parte de un patrón de comportamiento reiterado”, asegura Vegas. La última vez que este subcomité visitó Nicaragua fue en 2014. Pretenden regresar en 2023, si el presidente Ortega les permite el ingreso.