Mientras no se liberen los 170 presos políticos enNicaragua, no es posible empezar una transición pacífica ycívica hacia la democracia, advierte un abanico deorganizaciones opositoras en respuesta al interés dediálogo o acuerdo nacional manifestado por el presidenteDaniel Ortega poco después de las cuestionadaselecciones generales realizadas en noviembre. El pasado jueves 6 de enero, cuatro días antes de la posesión presidencial de Daniel Ortega, la Unidad Nacional Azul y blanco (UNAB), La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACDJ), Nicaragua Freedom Coalition, Movimiento Campesino en el Exilio, la Articulación de Movimientos Sociales (ZAMS) entre otras organizaciones sociales, emitieron una declaración conjunta en la que reclaman una serie de demandas sine qua non será posible dialogar con el gobierno de los Ortega Murillo. “Lo más importante de todo lo reivindicado es la liberación inmediata de los 170 presos políticos” enfatiza en entrevista con Radio Francia internacional (RFI) Santiago Urbina, coordinador de relaciones internacionales de la UNAB, una de las organizaciones firmantes. Según explica el opositor, para todas las organizaciones y colectivos, así como para los nicaragüenses que están dentro y fuera del país la libertad de las 170 personas que el régimen de Ortega ha encarcelado en razón de sus opiniones políticas es la base para construir una transición pacífica y cívica hacia la democracia. Pese a las denuncias de ilegalidad de parte de la comunidad internacional respecto a los comicios que le dieron la victoria, el clan Ortega y Murillo vuelve a tomar las riendas del país. Y como ya lo ha hecho en el pasado, Daniel Ortega, electo presidente de Nicaragua por quinta vez, ha evocado un acuerdo o diálogo nacional con la oposición que, por su parte, califica de “falso” este diálogo.