En el cuarto aniversario de las protestas de abril de 2018, Nicaragua recordó este lunes aquellas jornadas en las que murieron más de 350 manifestantes, víctimas de la represión del gobierno de Daniel Ortega. Desde entonces, el país sigue sumergido en una profunda crisis política y social, que podrían hacer caer al régimen. Decenas de opositores y ciudadanos continúan encarcelados, a pesar de las presiones de la comunidad internacional. Hace cuatro años, nada invitaba a imaginar que lo que empezó como una protesta en contra de la reforma del sistema de salud nicaragüense, dejaría un saldo de 355 manifestantes fallecidos y un país paralizado durante meses. Desde entonces, diferentes organismos cifran en más de 170 los opositores encarcelados. Las penas llegan hasta los 13 años por supuestos delitos de conspiración. El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos ya advirtió en los últimos días de una nueva ola de detenciones ilegales, como la del cantautor Josué Monroy, y del recrudecimiento de la represión. De un “autoritarismo estable” a una “inestabilidad autoritaria” Muchas voces advierten del riesgo de implosión del actual gobierno. Para Eliseo Fabio Núñez, analista político y ex diputado opositor nicaragüense, la falta de paz social desatada hace ahora cuatro años ha debilitado al régimen orteguista. “De un autoritarismo estable, que mantenía cierta paz social, ahora estamos en un proceso que yo llamo inestabilidad autoritaria, que tiene picos de represión como los estamos viviendo desde hace tres años”, explica. Las elecciones, en las que hubo un 82,5% de abstención, fueron según el politólogo “una bofetada en la cara de Ortega”. Sin embargo, estima que “la comunidad internacional aparentemente llegó a un punto en el que cree que no tiene muchas más cosas que hacer. La atención ha bajado mucho por el tema ucraniano. Las sanciones que se aplican en Nicaragua están buscando que el impacto sea con los miembros del régimen y evitar el impacto masivo a la población. Y el régimen tiene más probabilidades de evadir este tipo de sanciones. Esta mezcla de cosas deja a la comunidad internacional en una posición de enojo expectante”. Para Núñez, otra consecuencia de la represión, y quizás más silenciada, es el éxodo masivo de la clase media. Un éxodo que el régimen trata de impedir privando de pasaporte a muchos disidentes nicaragüenses.