Este 22 de abril entra en vigor un importante tratado para proteger el medio ambiente. Se trata del acuerdo de Escazú, firmado en 2018 por 24 países de América latina y el Caribe en la ciudad costarricense del mismo nombre. Sin embargo, solo 12 países lo han ratificado. En los otros 12, existen fuertes reticencias contra este convenio que prevé proteger a los defensores del medio ambiente. Firmado por 24 países de América latina y el caribe, bajo la égida de Naciones Unidas, el pacto de Escazú contiene tres objetivos: garantizar la protección de los líderes ambientales contra eventuales intimidaciones, presiones o asesinatos, promover la participación ciudadana en las políticas medioambientales y facilitar el acceso a la información pública. “El artículo 9 de ese tratado es muy claro”, dice a RFI Nicolás Boeglin, profesor de Derecho Internacional Público en la Universidad de Costa Rica quien considera que es un convenio indispensable para evitar los incesantes asesinatos de líderes ambientales. “Hay una situación que no se da en Europa, pero sí en América Latina, que es el asesinato sistemático de personas que alzan la voz. El artículo 9 busca obligar al Estado, dejando la posibilidad a cada país en función de su marco normativo, de pensar en esa protección especial. Es la primera vez en un tratado internacional que alguien se percató de que había que establecer algún tipo de protección especial para quienes defienden el ambiente. No existe absolutamente ningún equivalente ni en tratados de las Naciones Unidas, ni en tratados europeos o africanos. Es realmente innovador. El convenio del caso tiene una doble cara. Es un tratado ambiental y a la vez es un tratado de derechos humanos”. Pese a que fue firmado por 24 países, el acuerdo de Escazú, solo se aplicará en las 12 naciones que lo han ratificado. El presidente de Chile por ejemplo, retiró su país del tratado argumentando que había ambigüedades jurídicas. Y en otros países como Costa Rica o Colombia, los sectores agroindustriales estiman que el convenio podría limitar las inversiones. “Hay una cúpula empresarial muy radical en América Latina”, dice Boeglin. “Entonces esos sectores están muy contentos con la situación actual. Cuando un líder campesino alza la voz o lo callan o lo eliminan. Esos sectores no tienen ningún interés en que la situación cambie. El Acuerdo Escazú busca precisamente extender una protección a todas las personas en América Latina que son amenazadas, intimidadas y muchas veces asesinadas. Con un triste récord que tiene América Latina con relación al resto del mundo porque es la región en la cual se concentra la mayor cantidad de asesinatos de líderes ecologistas y comunitarios”. El tratado de Escazú entrará en vigor este 22 de abril y será vinculante y ha sido defendido por juristas y ONG de defensa de los Derechos Humanos.