Amnistía Internacional aduce que las investigaciones de feminicidios en el Estado de México son “deficientes por lo que violan los derechos de las mujeres a la vida, integridad personal y al acceso a la justicia”. La organización explica que las autoridades no siempre examinan los casos a fondo, y su falta de actuación conlleva a las familias de las víctimas a asumir sus propias investigaciones. El año pasado se investigaron como feminicidios 940 muertes. El 5 de febrero de 2015, Fátima, una niña de 12 años fue violada y brutalmente asesinada, según su familia, por tres vecinos. “Nosotros nos enteramos en la narrativa del forense, cuando a él le tocó declarar, lo que en realidad le habían hecho a Fátima. Nos entregaron un certificado de defunción donde decían que había sido un homicidio. Nunca pusieron que había sido un feminicidio, y nosotros tuvimos que luchar para que lo volvieran a reclasificar, porque la jueza decía que ella no podía catalogarlo como feminicidio porque no sabía si Fátima tenía su periodo cuando fue asesinada”, cuenta su madre Lorena Gutiérrez. Un hombre ya fue sentenciado a 73 años de cárcel, otro está siendo juzgado. El proceso fue reabierto este año con el apoyo del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) que acompaña casos como el de Fátima. “Grave problema de impunidad” En México existen fiscalías especializadas en delitos de género, sin embargo, hay deficiencias en las investigaciones que realizan. “Tenemos un grave problema de impunidad en los delitos de género. No se investigan apropiadamente. Cuando hablamos de violencia de género, tenemos que lidiar con la discriminación, los estereotipos, que son al final lo que puede determinar bloquear una investigación, o sea, no hacerla. Ya son maneras de valorar… Con los ministerios públicos, inmediatamente a una joven desaparecida la responsabilizan, preguntan si era drogadicta, etc. Al final exoneran a los responsables. Y por otro lado, hay un elemento de corrupción”, denuncia María de la Luz Estrada, directora del OCNF. Falta de personal El observatorio también menciona la falta de personal calificado: “Las fiscalías no tienen a peritas en análisis de contexto, de las violencias familiares comunitarias, que pueden ayudar a entender la hipótesis de los feminicidios. Entonces tienen que salir las organizaciones a conseguir estos peritas para hacer estos análisis de contextos que son fundamentales para los delitos de género”, subraya María de la Luz Estrada. Según datos de Amnistía Internacional, tan solo en 2020 se registraron 3.723 muertes violentas de mujeres en México, de las cuales 940 fueron investigadas como feminicidios.