Este 26 de septiembre se cumplieron cinco años de la firma de los acuerdos de Paz en Colombia. Las conversaciones entre el gobierno colombiano de Juan Manuel Santos y la guerrilla de las FARC debían acabar con 60 años de conflicto armado que han dejado más de 200.000 muertos y millones de desplazados. ¿Qué se hizo y qué queda pendiente de lo negociado? Cinco años atrás, los firmantes del Acuerdo de Paz, acordaron seis puntos: reforma rural integral, participación política, finalizar realmente la guerra, resolver el problema del narcotráfico, reparación de las víctimas, así como la implementación, verificación y refrendación de lo negociado. Las partes dieron mandato al Instituto Kroc de Estudios Internacionales de Paz de la Universidad de Notre-Dame de Estados Unidos para hacer un seguimiento continuo del proceso. “Lo que mejor ha funcionado es lo que tiene que ver con el punto 3, en materia de reincorporación, cese al fuego, dejación de armas”, estima Daniel Cano, coordinador político del Instituto Kroc. Cano subraya la importancia del “acompañamiento internacional para acompañar el acuerdo con recursos para impulsar su implementación”. Pese a estos avances, queda mucho camino por recorrer. “Los temas que más dificultades han tenido tiene que ver con, fundamentalmente, aquellos programas que son de largo plazo, como la reforma rural integral, todo el punto 1 del acuerdo final. Específicamente, lo que tiene que ver con el acceso a tierras por parte de campesinos pobres y comunidades indígenas”, explica Daniel Cano a RFI. Otro de los puntos pendientes es “mejorar la situación socioeconómica de esas comunicades que han sido más afectadas por el conflicto. Estos son los temas que van a llevar más tiempo y son más lentos”. En cuanto a cuáles son los obstáculos para cumplir con la entrega de tierras como a tomar en cuenta las necesidades de los sectores más postergados en el acuerdo, Cano considera que “lo ambicioso del acuerdo es uno de los principales resto porque se habla de que de este Fondo de Tierras 3 millones de hectáreas deben quedar a campesinos en todo el país. Y eso implica identificar esas hectáreas, dónde están, incluirlas en el Fondo de Tierras, identificar a los beneficiarios y eso, en un contexto como el de Colombia, donde hay unas dificultades no sólo a nivel territorial, sino material y de seguridad que hacen que ese proceso sea complejo”, analiza. Al mismo tiempo, Colombia vive una de las peores arremetidas de grupos armados desde la firma de la paz con las FARC. Pese a que el acuerdo desarmó a la otrora guerrilla más poderosa de América, aún operan varios grupos de rebeldes que se marginaron del pacto y bandas dedicadas al narco que se disputan las rentas del negocio de la droga. El gobierno del conservador Iván Duque responsabiliza a los grupos que se financian del narcotráfico y la minería ilegal de estar detrás de los asesinatos. Para expertos, algunas fallas en la implementación del acuerdo han permitido que antiguos bastiones de las FARC sean ocupados por otros actores, manteniendo el conflicto. El Ejército de Liberación Nacional (ELN), última guerrilla reconocida oficialmente, también hace presencia en un centenar de municipios y constantemente es señalada de atentados contra la fuerza pública y civiles.