Este domingo se cumplen cinco años de la firma de los Acuerdos de Paz entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo (FARC-EP) tras décadas de conflicto. Uno de los principales retos que enfrenta su implementación es la seguridad de los ex combatientes, líderes sociales y los Defensores de los Derechos Humanos. Cerca de 1.241 líderes sociales y defensores de los Derechos Humanos han sido asesinados en estos cinco años. Uno de los éxitos del pacto es el proceso de abandono de las armas y la transformación de las FARC-EP, la guerrilla más grande y más antigua de la región, en un partido político -primero llamado Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común y, desde enero de este año, Comunes para evitar asociaciones con el grupo armado- Uno de los puntos centrales del acuerdo es el proceso de reincorporación de los excombatientes de las FARC-EP, según recoge el último informe trimestral del secretario general de la ONU para la Misión de Verificación de Naciones Unidas en Colombia, un total de 13.589 exintegrantes de las FARC-EP están acreditados y cerca de 10.000 excombatientes viven fuera de los antiguos Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR). De estos, aproximadamente la mitad participan en proyectos productivos colectivos e individuales. El mayor reto al que se enfrenta el acuerdo en materia de excombatientes es su seguridad, además de las de las comunidades, los líderes sociales y los Defensores de los Derechos Humanos. Desde la firma del acuerdo, la Misión de la ONU ha verificado 286 asesinatos siendo 2019 el año más mortífero para los excombatientes ,78 de ellos fueron asesinados. El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), cifra en 1.241 los líderes sociales y defensores de los Derechos Humanos asesinados desde la firma del acuerdo de paz, 126 de ellos en lo que va de año.