Este miércoles el congreso colombiano vota el proyecto de reforma de la salud impulsado por la derecha con el apoyo del gobierno. Su retiro hace parte de las principales demandas en las manifestaciones, dos semanas después de que el gobierno hiciera marcha atrás con su reforma tributaria. La calle rechaza el proyecto de reforma de salud que el Congreso colombiano lleva gestionando desde el año pasado. La gran mayoría de los representantes del sector sanitario también clama su retiro. “El sistema de salud en Colombia no es privado, es un sistema de financiación completamente público y administrada por particulares”, dice a RFI Carolina Corcho, vicepresidenta de la Federación Médica Colombiana. “El problema es que por vía de resoluciones, de decretos y ahora a través del Congreso de la República, pretenden que esos recursos públicos, que son de aportes de los impuestos de los colombianos, legalmente se privaticen para que se puedan usar en otros negocios. Preocupa que predisponga la liquidación de hospitales públicos”. El diseño actual de la salud en Colombia hace que un sector de la población recurre a aseguradoras privadas para garantizar mejor cobertura. “Estos denominados aseguradores que realmente no son aseguradores sino que son entidades que manejan recursos de los colombianos”, dice Corcho. “Muchos de ellos han sido liquidados y todavía hay deudas con los hospitales, con las clínicas, con los trabajadores, sin que nadie responda. Se requiere una reforma estructural que aclare esta situación. Este proyecto de ley pretende profundizar esta deformidad que ha actuado contra la vida de los colombianos y volver legal lo que hoy día es ilegal en Colombia”. Tras un año y medio de pandemia, los profesionales de salud denuncian el retraso colombiano en la gestión de la covid19. “El número de pruebas que se realiza en Colombia para detección, aislamiento y cerco epidemiológico, es inferior al que se debería estar haciendo por caso detectado con Covid-19”, dice Corcho. “Nunca hemos podido superar las 100.000 pruebas y ahí está el problema. Y es que esto ha sido manejado por estos administradores de recursos públicos que no han cumplido con los límites. Y la propuesta del Gobierno al Congreso de la República era entonces reforzar y profundizar ese sistema fallido que nos tiene con las peores tasas de vacunación del planeta”. A pesar del respaldo del gobierno, la mayoría de los partidos le han dado la espalda a la propuesta, en medio de la crisis social. Diálogo entre llamas El gobierno de Colombia y el comité que agrupa a parte de los sectores que protestan masivamente en las calles desde hace 20 días reunieron en Bogotá por tercera vez y no llegaron este lunes a un acuerdo para salir de la crisis mientras manifestantes y fuerza pública se enfrentaban en el suroeste del país, epicentro de las protestas. Al menos una persona murió y 30 más resultaron heridas en el municipio de Yumbo en choques entre la fuerza pública y manifestantes que mantienen bloqueos impidiendo el tránsito de combustibles. Los disturbios comenzaron en la madrugada del lunes y se prolongaron hasta tarde en la noche del mismo día. "Hemos visto explosiones en las inmediaciones de las plantas de abastecimiento de combustibles de Yumbo, hago un llamado urgente a que cesen", advirtió el Ministro de Minas y Energía, Diego Mesa, en un video divulgado en Twitter. Por su parte, el Alto Comisionado para la Paz y vocero del gobierno en los diálogos, Miguel Cevallos, pidió al Comité Nacional del Paro "que manifieste de manera explícita su condena a las bloqueos y al uso de violencia" en las protestas. El comité, por su parte, anunció que seguirá "acordando corredores humanitarios" para no poner en riesgo "la vida, la salud, la alimentación de los colombianos" y acusó al gobierno de "exagerar los hechos de vandalismo, como si con ello se legitimara a la fuerza pública para matar, herir, o desaparecer a quienes protestan". La organización ha convocado una nueva jornada de manifestaciones en todo el país este miércoles. Delegados de ambas parte se volverán a encontrar el jueves, para frenar el descontento se afianza en uno de los países más desiguales de Latinoamérica. Con AFP.