Autoridades de Costa Rica allanaron este lunes la Casa Presidencial y varios organismos estatales, y detuvieron al menos a dos dueños de firmas constructoras, en una operación para desmantelar una supuesta red de pago de sobornos a cambio de obras públicas. Los agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), en conjunto con el Ministerio Público de Costa Rica, realizaron 57 allanamientos, 14 de ellos a instituciones públicas como la Casa Presidencial, al Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) y al Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Investigan supuestos delitos de peculado, cohecho, falsedad ideológica, malversación de fondos, tráfico de influencias, entre otros para la construcción de obras públicas como carreteras y vías en todo el país. "Identificamos un esquema de sobornos, un esquema de regalías y pagos indebidos dirigidos a funcionarios públicos patrocinados por empresas privadas (...) Incluso, había un sistema de intermediación entre empresas privadas y funcionarios que permitía la entrega de sobornos y el ulterior lavado y ocultamiento de esos movimientos", expuso el director del OIJ, Wálter Espinoza. Se presume que la red malversó entre 2018 y 2020 unos 125 millones de dólares. Aunque está en etapa de investigación, estas diligencias policiales ponen de nuevo en la mesa el tema de la corrupción. “Aunque los argumentos de la Fiscalía parecieran ser contundentes, creo que lo más prudente es esperar el juicio”, dijo a RFI Daniel Matul, analista político de la Universidad Central en Costa Rica. “La pregunta es si todos los ministerios están vacunados contra esto o es una práctica recurrente. Políticamente tiene implicaciones muy fuertes porque habría que ver qué está pasando en otros ministerios que tienen compras y obras de concesión muy fuertes. Eso nos pone delante de un enorme desafío institucional del país”. Esta es la segunda ocasión en que la residencia del presidente Carlos Alvarado es allanada. En febrero de 2020 las autoridades ingresaron como parte de la investigación sobre el posible acceso ilegal a información sensible de la población a través de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD). “El otro componente que me parece importante en términos de la política es esperar a que se empiece a consolidar todo el proceso para ver las conexiones que hay”, dijo Matul. “Ya el presidente había salido más o menos bien librado con la primera investigación que se le hizo sobre el caso de la UPAD. Y ahora vamos a ver si el presidente logra salir bien librado de todas estas conexiones, si es que tuvo algún papel. Eso es importante tenerlo claro. Y no solamente él, sino también otras altas autoridades que podrían estar involucrada”. Durante los operativos de este lunes detuvieron a 29 personas, entre funcionarios públicos y trabajadores de las empresas constructoras investigadas. Con AFP.