Una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) inició este miércoles 1 de diciembre una visita a Ecuador para analizar la situación carcelaria del país, donde más de 300 presos han muerto en lo que va del año, informó la cancillería. La CIDH anunció su visita a Ecuador tras la última matanza en la penitenciaría Guayas 1, donde 62 personas fallecieron cuando reclusos de un pabellón ingresaron a otro para matar a los miembros de una banda rival usando armas de fuego, explosivos y machetes.La visita se extenderá hasta el viernes e incluye un recorrido por cuatro cárceles de las ciudades de Quito, Guayaquil y Latacunga. Los motines y masacres en las cárceles ecuatorianas acumulan más de 300 muertos en lo que va de 2021. “Nosotros hemos venido registrando este largo episodio que inició a principios del 2018 con un ascenso del número de homicidios por causas violentas en la Penitenciaría del Litoral, como se la conoce acá en Guayaquil”, dice a RFI Billy Navarrete, secretario ejecutivo del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) en Guayaquil. “Estamos bastante alarmados por la incapacidad ya evidente confesada por parte de las autoridades de este gobierno, pero también pensando en adjudicar responsabilidades al anterior gobierno para detener esto que ya estaba anunciado.” Ecuador enfrenta un problema de violencia y una sobrepoblación del 30% en las cárceles del país. Las prisiones tienen capacidad para unas 30.000 personas. Sin embargo, en ellas habitan unos 39.000 presos, 15.000 de ellos sin una sentencia. La ONG acusa a los gobiernos de descuidar intencionalmente la situación de los reos. “Fue proliferando el caos y especialmente la acción de estos grupos violentos que mantienen en condición de rehén al resto de la población carcelaria que sufre de manera constante la extorsión con un mecanismo de poder paralelo muy lucrativo”, dice Navarrete. “La impunidad campea. No se investigan estas masacres ocurridas en el 2018. Nosotros hemos señalado públicamente hechos de complicidad por parte de cuerpos de seguridad que han sido cooptados por la mafia y la vigencia de una "necro política" en la cual el gobierno decide quién vive o no.” El lunes el gobierno extendió por otros 30 días el estado de excepción dentro del sistema penitenciario, lo que le permite movilizar a la Policía y Fuerzas Armadas para reforzar el control en los centros carcelarios. Con AFP