Los jueces de El Salvador mayores de 60 años o con 30 años de servicio, cesados por un decreto legislativo promulgado por el presidente Nayib Bukele, deben en principio dejar el cargo este viernes o perderán su indemnización. Un tribunal de familia ordenó suspender los despidos como medida cautelar. Tienen en principio hasta el 24 de septiembre para "renunciar voluntariamente" y poder gozar de una bonificación equivalente a 24 meses del último salario devengado. De no hacerlo, los magistrados salvadoreños quedarán cesados de pleno derecho. La Corte Suprema ya empezó a pedirles que entreguen sus celulares profesionales y los vehculos oficiales. Pero esta medida, que los afectados consideran una "purga", ha quedado en el aire ya que la víspera otro tribunal salvadoreño, el denominado Cámara de Familia, suspendió el decreto que obliga a los jueces a retirarse. ?Lea también: Bukele oficializa "purga" de jueces y fiscales, en medio de críticas El llamamiento de la Corte Suprema se respalda en un decreto de la Asamblea Legislativa, controlada por los aliados del presidente Nayib Bukele. El 31 de agosto pasado se ordenó la separación de los jueces como parte de una reforma judicial. "Es un decreto discriminatorio. Básicamente se está expulsando a más de un tercio de los miembros de la carrera judicial, acusándolos de corruptos", denuncia a RFI el magistrado Samuel Lizama. Apunta que el decreto fue promovido por los miembros de la Asamblea Legislativa y que según la Constitución salvadoreña, la única en tener potestad para promover una reforma del órgano judicial es la misma Corte Suprema de Justicia. 70 jueces han renunciado Dice que tendrá impacto en "el plan de vida de las personas" pero también en "la prestación del servicio de la administración de justicia". Según la prensa salvadoreña, más de 70 jueces ya han renunciado, de los 260 que el plan prevé remover. Desde mayo el oficialismo ha impulsado reformas sucesivas. Para Lizama, es un intento de "tomar control absoluto del órgano judicial", después de que el gobierno de Bukele ya que "el órgano ejecutivo y el legislativo están completamente en sus manos". Horas antes, otro juez anunció en una carta que cesaría sus funciones si no se suspendían los efectos de la reforma a la Ley de la Carrera Judicial. Se trata de Jorge Alberto Guzmán Arquilla, quien reabrió la investigación de la matanza de El Mozote.