La Corte Constitucional (CC) de Ecuador resolvió el miércoles despenalizar el aborto en todos los casos de violación al modificar la ley penal, que solo lo autorizaba si la agresión era contra una mujer con discapacidad mental. La CC resolvió una demanda de inconstitucionalidad presentada por la Defensoría del Pueblo y colectivos sociales contra artículos penales que fijaban sanciones, de hasta tres años de prisión, para quienes hagan abortar a una mujer con su consentimiento, y lo autorizaban solo cuando la salud de la embarazada corra peligro o en caso de violación si la mujer padece de discapacidad mental. El fallo, decidido con siete votos a favor y dos en contra, aún no ha sido divulgado por la corte. “Para nosotras es un logro importantísimo”, dice a RFI la coordinadora legal de La Asociación de Mujeres por la Equidad de Género y la Autonomía (MEGA) Ana Gómez. “Nosotros somos uno de los países que en realidad por años ha estado retrasado en este tema. Hay países en Latinoamérica que han logrado la despenalización total en el reconocimiento de los derechos de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos. Sin embargo, aquí en el Ecuador seguía siendo una razón para criminalizarlas. Es una crueldad porque hemos visto justamente a niñas convertirse en madres. Hemos trabajado con mujeres que han sido penalizadas, criminalizadas y encarceladas por haber decidido abortar. [La decisión de la CC] es un gran paso porque es el derecho mínimo que un Estado puede garantizar una víctima por violación, es decir que no sea criminalizada, victimizada, culpada. Porque cuando te hacen cargar con el producto de una violación eres la culpable de lo que te pasó. Si el Estado, no ha podido garantizar que las mujeres, niños y adolescentes no seamos víctimas de violación, lo mínimo que puede garantizar es que no seamos presas por desidia”. Actualmente en Ecuador se puede abortar legalmente cuando se hace para evitar un peligro en la vida de la mujer, si está en peligro su salud, o cuando es consecuencia de una violación a una mujer con discapacidad mental. Esta decisión de la Corte abre la posibilidad para que ninguna mujer violada o el médico que realice el aborto, sean sancionados con prisión de hasta tres años. No se conocen la cantidad exacta de las personas judicializadas por este delito pero según la Defensoría Pública de Ecuador, la mayoría son mujeres empobrecidas, afro descendientes, jóvenes y adolescentes. “La Corte Constitucional, dentro de sus facultades, tiene la potestad de modular sentencias y a través de esto, declarar la inconstitucionalidad de algún artículo que vaya en contra de la normativa, de los derechos humanos, de los derechos constitucionales”, dice Gómez. “[La Corte] remite un proyecto de norma o exhorta al Legislativo, en este caso a la Asamblea Nacional, para que efectivicen este derecho y realicen una ley reformatorio al Código Orgánico Integral Penal en donde se encuentra tipificado este delito”. En total son siete las demandas que las organizaciones feministas, de derechos humanos y la Defensoría del Pueblo presentaron ante la Corte, hoy todas celebran y esperan este sea uno de los primeros proyectos a tratar por el nuevo gobierno ecuatoriano que se posesiona el próximo 24 de mayo. "Anhelo que esta decisión prevalezca en el bienestar de las mujeres y sus derechos", expresó en Twitter el presidente ecuatoriano, Lenín Moreno, cuyo mandato de cuatro años concluirá el 24 de mayo. En América Latina, el aborto es legal en Cuba, Uruguay, Guyana y Argentina. Otros países, como Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, México y Panamá lo autorizan en caso de violación. El presidente electo, Guillermo Lasso, miembro del Opus Dei, expresó en un comunicado su "total respeto" a la decisión de la CC. "Este no es un tema banal. Debemos aprender cada día a vivir en democracia. Por ello, la independencia de poderes y la laicidad del Estado son principios innegociables", señaló el exbanquero de derecha, de 65 años. Su esposa, María de Lourdes Alcívar, había pedido la víspera por Twitter orar "para que no sea aprobado el aborto" en el país suramericano, donde 70% de los 17,5 millones de habitantes dice ser católico. "Es un asesinato. Que nos duela el sólo el decirlo. Todos tenemos derecho a la Vida. Madres, padres, eduquen en valores a sus hijos desde pequeñitos, a sus hijas, desde que nacen para que sepan RESPETAR #LaVida", escribió en su cuenta personal de Twitter. Pero organismos de derechos humanos, como Human Rights Watch (HRW), celebraron la decisión. "Es un hito de la democracia ecuatoriana", escribió José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW, añadiendo que la CC "ha dictado una sentencia fundamental para proteger los DDHH (derechos humanos)". Con AFP.