Intercambio de acusaciones entre Estados Unidos y México por el derecho a organizarse de los trabajadores: por un lado los empleados de la fábrica de General Motors en Guanajuato y por otro, los empleados agrícolas en los campos estadounidenses. Ambos gobiernos invocan el T-MEC, el tratado de libre comercio entre EEUU, México y Canadá. ¿Y si el tratado de libre comercio entre Estados Unidos, México y Canadá sirviera finalmente para proteger a los trabajadores? Por primera vez, Estados Unidos invoco el contenido de este acuerdo para pedir al gobierno mexicano que investigue si se respetan los derechos sindicales de los trabajadores de la planta de General Motors en Silao, Guanajuato, que emplea a 6.000 personas. El gobierno estadounidense apeló al mecanismo tras recibir informaciones "que parecen reflejar serias violaciones de los derechos de los trabajadores en Silao, en el estado de Guanajuato, en relación a un reciente voto de los trabajadores organizado por el sindicato existente para aprobar un acuerdo colectivo", según el comunicado. “El Tratado tiene un planteamiento específico en términos de la democracia y la libertad sindical”, dice a RFI la coordinadora de diálogo sindical y género en la Fundación Friedrich Ebert en México, Inés González. “Por eso México hace una reforma laboral para poder incorporar muchos de las disposiciones que hoy los sindicatos y las empresas tienen que respetar. Cualquier trabajador que quiera hacer un sindicato, salirse de un sindicato o formar parte de un sindicato ya existente, está en su derecho de hacerlo. En México existe una práctica donde los trabajadores que entran a un centro laboral son automáticamente afiliados al sindicato existente”. En la planta de General Motors en Silao, según González, el problema no es tanto el voto para un nuevo convenio colectivo en el seno de la empresa, sino una falta de pluralidad sindical, que garantiza la ley mexicana desde hace dos años, pero que aún no ha entrado en los usos y costumbres. “En General Motors no hay dos ni tres sindicatos, hay uno”, dice González. “Para mí el problema es que los trabajadores están diciendo que no quieren más a ese sindicato ni a sus dirigentes. Nos están mandando mensajes de que no hay democracia en esa planta. Es un movimiento que surgió hace dos años que y hoy se acentuó por el tema de la legitimación del contrato. Es un resultado de la ley, pero también porque un grupo de trabajadores despedidos se organizaron, no aceptaron la situación de violencia que sufrieron y ahora estamos viendo un movimiento que está creciendo”. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que se responderá "de inmediato" al pedido de Washington, destacando como "algo bueno" que el remozado T-MEC contemple los derechos laborales a diferencia del TLCAN. El gobierno mexicano ya intervino para suspender la votación tras haber constatado irregularidades y determinará si hubo una violación del derecho sindical en la fábrica de GM. Si no la hubo, intentará resolver los problemas constatados. Si Washington y México están en desacuerdo sobre la respuesta aportada, Estados Unidos podrá pedir que se cree un comité para arbitrar el asunto. GM aseguró por su lado que quiere cooperar con las autoridades "para proteger la integridad del proceso". "No pensamos que GM haya estado implicado en las violaciones denunciadas y retuvimos los servicios de terceros para efectuar un examen independiente y en profundidad" del asunto, señaló la empresa. México pide a EEUU garantizar derechos de trabajadores migrantes del sector agrícola Por su parte, México respondió a Estados Unidos pidiendo, en virtud del capítulo 23 del T-MEC que garantice los derechos de los trabajadores mexicanos del sector agrícola que trabajan en los campos estadounidenses, informó la cancillería mexicana en un comunicado. Denuncian que no se pagan las horas extras y no se garantiza el derecho a organizarse y negociar colectivamente. El gobierno mexicano ha detectado "falta de aplicación de leyes laborales (...) en la industria agrícola" estadounidense en prejuicio de migrantes mexicanos, indicó el comunicado. Las observaciones, enviadas en una carta al secretario de Trabajo Marty Walsh, incluyen al sector de "procesamiento y empacado de proteína en Estados Unidos", añadió la cancillería. Para atender el tema, México propuso "un espacio de cooperación en el marco del T-MEC, conforme a los términos previstos en el artículo 23.12 (...) y así garantizar de forma plena los derechos laborales contemplados en la legislación federal estadounidense y en el capítulo 23 del T-MEC". Aunque a nivel federal los derechos laborales en Estados Unidos "protegen a todos los trabajadores, independientemente de su situación migratoria", en la práctica la realidad es otra, apuntó la cancillería. Factores como el "desconocimiento, el miedo y el abuso de parte de algunos empleadores impiden que los trabajadores migrantes puedan ejercer plenamente sus derechos laborales en algunas industrias y estados", prosiguió. Trabajadores migrantes mexicanos padecen, según la cancillería, "falta de pago de salario y el tiempo extraordinario correspondiente, el derecho a organizarse y negociar colectivamente". Además, existe "disparidad salarial entre los trabajadores de las empacadoras y los trabajadores de las plantas de procesamiento de proteína", sostiene el comunicado. Tampoco se atienden a cabalidad medidas de prevención "de COVID-19 y de seguridad y salud para evitar el contagio y propagación en ambas industrias". Con AFP