La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, dijo este martes que su país "debe responder" ante la destitución de magistrados en El Salvador y que la independencia del poder judicial es "crítica" para la salud de una democracia. El fin de semana, a pedido del presidente Nayib Bukele, el Congreso de El Salvador destituyó a los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y al fiscal general, Raúl Melara, y designó a nuevos funcionarios para remplazar a los removidos. De inmediato, voces de la comunidad internacional que hasta la semana pasada habían declarado su simpatía, y hasta su admiración por el mandatario salvadoreño, viraron sin solución de continuidad a encendidas críticas. El gobierno de Estados Unidos, la secretaría general de la Organización de Estados Americanos y organizaciones civiles repudiaron esas acciones, a las que llamaron un ataque al principio de separación de poderes, atentado a la democracia e incluso golpe de Estado. "El Parlamento de El Salvador actuó para socavar al más alto tribunal de la nación, la independencia judicial es crítica para la salud de una democracia y para tener una economía fuerte", indicó Harris, antes de afirmar: Estados Unidos "debe responder". “Podemos esperar, por ejemplo, que no se aprueben préstamos para El Salvador, que no se revalide el TPS [ndlr: Estatus de Protección Temporal según sus siglas en inglés] para los salvadoreños que están en una situación de migración temporal en Estados Unidos”, dice a RFI el jefe de la bancada del partido derechista Arena, René Portillo. “Podemos esperar que se corte la cooperación no reembolsable en El Salvador y obviamente que esto va a golpear fuertemente a los salvadoreños, quienes son destinatarios finales de la cooperación no reembolsable. Sin perjuicio de que tal vez el gobierno de Estados Unidos pueda revocar la visa de aquellos diputados y funcionarios de gobierno que propiciaron este golpe contra la institucionalidad democrática en El Salvador”. La decisión del gobierno salvadoreó generó una ola de críticas a nivel internacional y el jefe de la diplomacia estadounidense, Antony Blinken, expresó su "seria preocupación" y señaló que el fiscal general es "un socio efectivo" de Washington en la lucha contra la corrupción y el crimen. "Debemos responder en El Salvador", señaló Harris en una ponencia virtual ante el foro Council of the Americas, sin dar más detalles. “Nosotros no podemos tomar decisiones sobre las facultades que son propias de Estados Unidos”, respondió a RFI Portillo al ser consultado si la bancada Arena estaría dispuesta a sacrificar a la población salvadoreña con tal de que Washington responda, intervenga contra la decisión y la manera de actuar del presidente Bukele. “Nosotros lo que sí podemos es denunciar un hecho que a todas luces es al margen de la Constitución y será la comunidad internacional la que adopte las medidas de acuerdo al Marco Internacional de las Naciones Unidas y de la OEA”. Si bien es cierto que el presidente Bukele se le reprueba la guerra, ha actuado de manera autoritaria, sin pasar por una reforma constitucional o un juicio político individual. También es cierto que hay voces que dicen que la reconfiguración de la institucionalidad en El Salvador corresponde exclusivamente a la ciudadanía salvadoreña y que cualquier acción procedente de Washington sería una injerencia. “Me parece que es una interpretación un tanto parcializada, porque El Salvador es suscriptor de la carta que le da nacimiento a la OEA”, dice Portillo. “Igualmente es miembro de las Naciones Unidas y precisamente lo que se ha quebrantado es ese marco de convivencia nacional e internacional. Razón por la cual la comunidad internacional tiene la palabra para procurar restablecer el orden institucional y democrático en El Salvador”. El lunes, el Presidente del Comité de Relaciones Exteriores en el Senado de EE. UU., Bob Menéndez y su correligionario Patrick Leahy, presidente del Comité de Asignaciones en la Cámara Alta indicaron que la situación en El Salvador es "una emboscada autocrática profundamente preocupante" y que viola "la separación de poderes". Los senadores urgieron a sus homólogos del país centroamericano a que "revoquen de inmediato este abuso de poder antidemocrático" para evitar cualquier debilitamiento de "las relaciones bilaterales". Además instaron al gobierno de Joe Biden a que "se comprometa a coordinar con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y otras instituciones financieras internacionales para dejar en claro que el apoyo financiero de Estados Unidos hacia el gobierno de Bukele debe depender del respeto por la democracia, la independencia judicial y el imperio de la ley". El Salvador negocia con el FMI el financiamiento de al menos 1.300 millones de dólares para afrontar la emergencia derivada de la pandemia. La deuda pública del país ronda el 90% del PIB. No me correspondería a mí afirmar eso en lo particular”, respondió Portillo a RFI sobre si las sanciones económicas serían una forma de restablecer la democracia en El Salvador. “Cualquier afectación que se haga a la población salvadoreña nos preocupa y nos interesa, pero no podemos nosotros dictarle qué tipo de sanciones puede poner la comunidad internacional ante el orden constitucional quebrantado”. Por su parte Bukele convocó a los embajadores acreditados en su país para reclamarles por la condena internacional contra su país. "A mí me pareció algo bien extraño que hubiera condenas sobre lo que pasó el sábado (...) no esperábamos en ningún momento una condena internacional", aseguró Bukele durante un encuentro con los representantes de misiones diplomáticas, transmitido este martes en cadena nacional, pero que ocurrió el lunes con carácter privado, según reclamaron algunos participantes. "Están mal informando a sus países" les dijo. Reiteró que todas las decisiones adoptadas por el Congreso, que ahora está en poder de sus aliados, fueron apegadas a la Constitución, rechazando los reclamos sobre la vulneración del estado de derecho o una falta de separación de poderes. "Tenemos relaciones de larga data y nos extrañan algunas condenas, porque no hay nada que condenar (...)¿Donde está la violación aquí, como pueden condenar algo por cumplir la constitución?", precisó el gobernante ante los diplomáticos, sentados en una enorme mesa, con él a la cabeza. Con AFP.