Es un duro golpe para el gobierno salvadoreño: la administración Biden reveló que dos de sus funcionarios pactaron una tregua secreta con pandilleros. Con base a esta información, el Tesoro estadounidense impuso sanciones financieras contra los funcionarios señalados. Estas revelaciones de las autoridades estadounidenses contradicen las afirmaciones del presidente Nayib Bukele, que siempre ha negado cualquier tipo de negociaciones con las poderosas pandillas salvadoreñas. Ventajas carcelarias a cambio de apoyos electorales, fue el pacto secreto que habría sellado el gobierno de Nayib Bukele con jefes pandilleros salvadoreños, según afirma el Tesoro de Estados Unidos. La administración Biden impuso esta semana sanciones contra Osiris Luna Meza, viceministro de Justicia y director general de cárceles de El Salvador, y Carlos Amílcar Marroquín Chica, director de Reconstrucción del Tejido Social de la Presidencia salvadoreña, por haber participado en negociaciones con líderes de las poderosas pandillas del país centroamericano. El Tesoro señaló que en estas conversaciones, los jefes de los grupos criminales acordaron apoyar al partido de Bukele, Nuevas Ideas, en las elecciones legislativas de 2021, en las que el oficialismo triunfó. De su lado, las bandas criminales obtuvieron asignaciones financieras del gobierno y privilegios para sus jefes presos, como celulares y prostitutas. Luna también habría negociado con la dirigencia de la MS-13 y Barrio 18 el acatamiento de las pandillas al confinamiento nacional decretado por Bukele en marzo de 2020 por la pandemia de Covid-19. Las sanciones, aplicadas bajo la Ley Global Magnitsky de 2017, suponen el congelamiento de cualquier activo que los involucrados puedan tener en Estados Unidos y les prohíbe toda transacción a través del sistema financiero estadounidense. "Mentira" Desde San Salvador, Bukele, que mantiene una tensa relación con la administración Biden, rechazó esos señalamientos como "mentira" y afirmó que "nuestra independencia, no está a la venta". "¿Celulares y prostitutas en las cárceles? ¿Dinero a las pandillas? ¿Cuándo pasó eso? ¿No revisaron ni la fecha? ¿Cómo pueden poner una mentira tan obvia sin que nadie se las cuestione? Hay videos sí, pero de sus amigos haciendo eso. No nosotros. Ya ni disimulan", tuiteó. Y aunque el presidente de El Salvador las calificó de mentiras, estas acusaciones se suman a una investigación del diario El Faro que el año pasado ya había informado sobre posibles negociaciones entre gobierno y pandilleros. “Es algo que se viene mencionando desde los principios de la administración Bukele, la existencia de un acuerdo con las pandillas con el propósito de mantener bajo el nivel de homicidios en el país. Aunque se debe decir que esta reducción se venía dando desde aproximadamente octubre de 2016, cuando teníamos el gobierno del Frente Farabundo Martí, de Sánchez Cerén”, estima Carlos Carcach, criminólogo salvadoreño y profesor en la Escuela Superior de Economía y Negocios (ESEN). Un viejo fenómeno Pero las sospechas de que los sucesivos gobiernos salvadoreños negocian con las pandillas Mara Salvatrucha y Barrio 18 no son nuevas. “Las pandillas tienen un control amplio sobre una buena porción del territorio salvadoreño, y es algo que se consolidó con la tregua entre Mara Salvatrucha y Barrio 18, que se dio en el año 2012 bajo la administración de Mauricio Funes. Se cree que sólo hay unos 30 de los 262 municipios libres de presencia de estos grupos. Entonces el punto fundamental es que para cualquiera que intente ganar una elección, el llegar a algún tipo de acuerdo con las pandillas, ya sea para que les permitan realizar campaña política dentro del territorio, o que los apoyen, es algo visto como muy grave por la mayor parte de la población”, recalca Carcach. El gobierno de Joe Biden dijo que las sanciones se alinean con los objetivos de la Cumbre por la Democracia que el presidente estadounidense acogerá este jueves y viernes, así como con la Estrategia de Estados Unidos para Combatir la Corrupción, publicada el 6 de diciembre, que considera este tema una prioridad de seguridad nacional. Con la AFP