Estados Unidos presentó este lunes un plan de inversión del sector privado en Centroamérica por valor de más de 1.200 millones de dólares. El objetivo del gobierno de Biden es anclar a la población en sus países de origen en Centroamérica para que no necesiten partir rumbo al norte. Pero como señalan varios expertos consultados por RFI, Washington se equivoca tanto en el diagnóstico como en la elaboración de su plan. Pepsi, Mastercard, Microsoft o Nespresso: estas son algunas de las grandes empresas que se han comprometido ante el gobierno estadounidense a invertir, entre todos, más de 1200 millones de dólares en la región centroamericana. El objetivo presentado por Washington es crear empleo en los países de origen de los migrantes centroamericanos, para que éstos abandonen sus proyectos de vivir en Estados Unidos. “El objetivo de frenar la inmigración es un objetivo inalcanzable. La migración de Centroamérica hacia México y Estados Unidos tiene cincuenta años y es multifactorial”, apunta el economista y profesor del CIDE en México, Carlos Heredia. “No tiene solo raíces económicas. También tiene raíces medioambientales, o de inseguridad, o incluso familiares. Hay familias transnacionales, que tienen una parte de sus miembros en el país de origen y otra en Estados Unidos”. Lejos de esta visión multifactorial, la vicepresidenta estadounidense, Kamala Harris, ha repetido incansablemente un único mensaje a los centroamericanos: “no vengan a Estados Unidos”. Para ello, busca fomentar el desarrollo de la región, en particular el norte (Guatemala, Honduras y El Salvador) apuntando a seis áreas: una agenda de reformas, inclusión digital y financiera, seguridad alimentaria y agricultura climáticamente inteligente, adaptación climática y energía limpia, educación y desarrollo de la fuerza laboral y, por último, el acceso a la salud pública. Estos objetivos buscan, en resumidas cuentas, hacer que Centroamérica sea más habitable, lo que pasa por reducir la violencia, la corrupción, además de la pobreza. Objetivos de comunes a todos los planes estadounidenses en la zona desde los años 90. Planes que han costado miles de millones de dólares pero que han tenido pocos resultados, hasta el momento. Mucho de este dinero ha sido también desviado por la corrupción. Según el profesor de relaciones internacionales en la Universidad de Costa Rica, Carlos Humberto Cascante, esta ineficacia radica en la perspectiva estadounidense hacia la región, demasiado vertical, con los gobiernos regionales como únicos contactos. “No tienen una verdadera respuesta de las personas que van a recibir esa cooperación, que no participan de la formulación del proceso”, señala el Carlos Humberto Cascante. “Si Estados Unidos quiere cambiar esa visión, tiene que escuchar más a las sociedades civiles centroamericanas. Un proceso de este tipo lo han querido hacer en El Salvador, donde han dicho que fundamentalmente, no van a dialogar con el gobierno de Bukele, en su disputa, sino que van a negociar con ONG. Eso, aunque tiene un fin meramente político, podría ser un inicio de negociación directamente con sociedades civiles, que me parece muy importante en estos procesos de cooperación”. “Mientras no hagan eso, los programas de los estados unidos seguirán siendo criticados como imposiciones, como carentes de sensibilidad a la realidad social que viven muchas de las comunidades centroamericanas, especialmente en el norte Centroamérica, donde se ha puesto el foco de la inversión”, concluye Carlos Humberto Cascante. El programa no prevé una fuerte inversión en el sur de Centroamérica, que se ve sacudido también por la violencia, con la toma de importancia del narcotráfico en Costa Rica, y con la llegada de decenas de miles de migrantes desde Sudamérica a través de Panamá, que alimentan a las bandas criminales.