Destitución de magistrados; blindaje a funcionarios que participen en operaciones de compra de insumos para gestionar la pandemia; impuestos a los periódicos y la posibilidad de restituir el voto en el exterior. Con el apoyo del Parlamento, el presidente Nayib Bukele rediseña El Salvador a su medida. Apenas se instaló el 1 de mayo, la Asamblea Legislativa, donde los aliados de Bukele tienen 61 de 84 escaños, destituyó a los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema, nombrados por sus antecesores. La justificación fue que adoptaron decisiones "arbitrarias" que bloquearon varias medidas presidenciales para atender la pandemia. El miércoles 5 de mayo, el cuestionado Congreso salvadoreño aprobó dos leyes que atizaron aún más la polémica. Una de las normas elimina beneficios tributarios a los diarios y con la otra el Parlamento le concedió al gobierno una ley que otorga "inmunidad ante demandas y denuncias judiciales o administrativas" a quienes participen de la adquisición de productos o servicios para enfrentar la pandemia de covid-19. “Llama fuertemente la atención el hecho que el artículo 4 de esta ley expresamente dice que las personas o entidades que operan en el sector de salud gozarán de inmunidad ante demandas y denuncias judiciales o administrativas”, dice a RFI la directora del Instituto de Opinión Pública de la Universidad centroamericana José Simeón Cañas, UCA, de El Salvador, Laura Andrade. “Y encima las exime de cualquier responsabilidad civil, penal o comercial, incluso de la potencial indemnización ante la prestación de servicios o tratamientos médicos durante la pandemia”. El ministro de Salud, Francisco Alabí, aseguró sin embargo que las críticas a la ley son por "una mala interpretación mediática". “Nos parece grave en relación a la vulneración del derecho de la salud de la población salvadoreña”, dice Andrade. “Ya que todas las personas que pudieran verse afectadas, por ejemplo, con la vacuna por algún tipo de mala praxis, es imposible hacer este reclamo. Utilizar el término de inmunidad expresamente en una ley lo transforma en una ley de amnistía, relacionada con la adquisición de los múltiples productos que ha asumido el Ministerio de Salud para combatir esta pandemia. Y vemos con preocupación, al triangular este decreto y algunas investigaciones periodísticas que señalan la adjudicación de contratos públicos a familiares del actual ministro de Salud, como una ley que va imposibilitar la judicialización de estos actos en este período. En concreto, esta ley tiene ese factor retroactivo porque señala que es desde que inició la pandemia. Este Parlamento está haciendo coincidir los intereses y los deseos del Ejecutivo y los está transformando en leyes de la República que nos sujetan a todos los salvadoreños”. Fin de beneficios tributarios a los diarios El mismo día, la Asamblea también eliminó los beneficios tributarios a los periódicos, la mayoría de ellos críticos del mandatario. El diputado Christian Guevara propuso la iniciativa para modificar la antigua Ley de Imprenta, que "ha impedido que los periódicos paguen impuestos por más de 70 años", aseguró. "Vamos a terminar hoy la más larga, continuada y descarada evasión fiscal de nuestra historia", dijo el parlamentario oficialista, cuya alianza cuenta con 61 de los 84 escaños en la Asamblea Legislativa. La norma se aprobó con 68 votos. "Las imprentas no estarán sujetas a ningún impuesto ni caución", consignaba el artículo 8 de la ley de 1950, con la cual se beneficiaba la elaboración de periódicos, revistas, folletos y libros vinculados a la "libre difusión del pensamiento". Esa norma les permitía importar sin impuestos el papel y la tinta. También la venta diaria de los rotativos en la calle estaba libre de tributos. Ahora la nueva norma establece que las imprentas de diarios "no gozarán de exenciones arancelarias para la importación de materias primas, maquinaria y equipo para la impresión de materiales o publicaciones que no se destinen directamente a propósitos educativos". "No gozarán de deducción de impuestos sobre la renta o de ingresos provenientes de esta fuente", agrega. "No era justo que el arroz y los frijoles pagaran impuestos y los periódicos, no. Disfrutaban de beneficios para desinformar a la población", dijo el ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez. Poder "absoluto" El mandatario, un millennial de 39 años que asumió el poder en 2019, ha capitalizado el descontento ciudadano contra los partidos tradicionales. Sus decisiones son ampliamente celebradas en redes sociales, mientras que en las calles las manifestaciones en contra son minoritarias. "Vamos rumbo a un estado autoritario, a un estado donde los derechos humanos y las libertades fundamentales no se respetan, y esa concentración de poder a lo único que nos lleva es lamentablemente a una dictadura", advirtió el legislador opositor René Portillo. Según el vicerrector de la Universidad Centroamericana (UCA), Omar Serrano, las decisiones de la Asamblea marcan "signos inequívocos del rumbo" que ha tomado el gobierno y que apunta "en la dirección de concentración del poder absoluto en manos de una persona o de un grupo que rodea al presidente". Con AFP.