La oposición salvadoreña cree que la votación del proyecto de ley sobre Agentes Extranjeros se retrasó debido al rechazo internacional, sin embargo denuncian que la Cámara Legislativa se ha convertido en un mero ejecutor de los deseos del Presidente Nayib Bukele. El presidente salvadoreño Nayib Bukele ha promovido un proyecto de ley que obliga a las personas y organizaciones que reciben fondos del exterior a registrarse como “agentes extranjeros”, siguiendo el ejemplo de Estados Unidos y otros países. El contexto político de El Salvador actual genera preocupaciones acerca del proyecto que podría ir a votación la próxima semana, sobre todo teniendo en cuenta que el nuevo congreso se apresuró a reemplazar a los jueces de la sala de lo constitucional de la Corte Suprema y al fiscal general, que habían puesto reparos para algunas de las medidas propuestas por Bukele, especialmente al inicio de la pandemia. Así lo explica la diputada del FMLN, Dina Argueta para quien la Cámara se ha convertido en un "mero ejecutor de las órdenes del gobierno". Vimos también cómo la Embajada de Alemania anunciaba que todos los proyectos de cooperación quedan suspendidos hasta que no se sepa qué es lo que va a suceder con la ley. Hay mucha incertidumbre, mucha preocupación, sobre todo por la discrecionalidad que la ley contempla, es decir, las facultades que les da al Ministerio de la Gobernación para poder definir a un agente extranjero. La ley no regula exactamente quién podrá ser o no podrá ser. La Asamblea Legislativa ahora con una mayoría se ha convertido en un espacio operativo. Si la decisión cambia en la Presidencia de la República seguramente cambiará también en la Asamblea. En concreto, este proyecto de ley obligaría a cualquier persona u organización en El Salvador que realice actividades “que respondan a intereses, sean controladas o financiadas, directa o indirectamente por un mandante extranjero” registrarse como “agentes extranjeros”. En caso de no hacerlo, el gobierno podría clausurar la organización. Además, a los agentes extranjeros registrados se les prohibiría realizar actividades para fines políticos bajo el pretexto de que podrían poner en riesgo la estabilidad del país.