Sobre este episodio
Casi un millar de policías y militares patrullaban este lunes el municipio indígena de El Estor, noreste de Guatemala, con cateos y capturas durante el estado de sitio que rige tras las protestas indígenas contra una minera suiza. Escondidos, acorralados y atemorizados. Así se encuentran los líderes indígenas que se refugian de las fuerzas del orden que el gobierno guatemalteco desplegó en el poblado de El Estor, para disolver las protestas contra una minera suiza que mantiene operaciones pese a que su licencia está suspendida desde febrero por una resolución de la Corte de Constitucionalidad. “El Ejército y la Policía están yendo a intimidar a muchas personas que forman parte de la junta directiva como también las personas que forman parte del consejo. En mi caso, me he resguardado muy lejos de mi familia y de las otras personas que forman la alianza de la resistencia. Eso nos obligó a resguardar nuestra vida, es lamentable”, comenta para RFI el líder indígena Cristóbal Pop, a su vez presidente de la Gremial de Pescadores Artesanales. El gobierno justifica el estado de sitio por actos violentos y ataques contra las fuerzas de seguridad que dejaron un resultado de cuatro agentes heridos de bala. Pero según Pop, “es una cosa inventada, buscarán mil maneras de criminalizar a cualquier ciudadano, a cualquier indígena. Estamos exigiendo la legitimidad de una consulta con transparencia, y eso, a la empresa y al Estado de Guatemala, no les conviene”. La comunidad de El Estor mantuvo bloqueada la ruta que accede al proyecto minero que opera en el lugar durante más de 15 días, al tiempo que el gobierno realiza una consulta comunitaria. Y precisamente, los comunitarios sólo exigen ser tomados en cuenta en esta preconsulta por la licencia minera. “La Corte de Constitucionalidad ordenó a la empresa minera cerrar operaciones mientras se hace la preconsulta. Cosa que hasta el día de hoy la empresa no ha acatado. Una de las cosas que originó la resistencia es la exclusión de las autoridades legítimas: ni la municipalidad, ni el Ministerio de Energía y Minas tuvieron la voluntad de tomarnos en cuenta”, denuncia Cristóbal Pop. Tras las protestas de los indígenas, el presidente del país, Alejandro Giammattei, declaró el estado de sitio en El Estor durante 30 días. Una orden que limita el derecho de manifestación, establece un toque de queda y permite a las fuerzas de seguridad realizar detenciones sin orden de juez, entre otras restricciones.