Indígenas de Ecuador, que marcharon y bloquearon varias carreteras el martes pese a un estado de excepción, anunciaron que continuarán protestando este miércoles, por segundo día consecutivo, contra las políticas económicas del presidente conservador Guillermo Lasso. Entrevista realizada por Carlos Pizarro. Con AFP. El poderoso movimiento indígena ecuatoriano le está echando un pulso al gobierno de Guillermo Lasso. En abierto desafío al estado de excepción que rige en el país, decretado la semana pasada por el presidente en respuesta a la violencia del narcotráfico, cientos de manifestantes bloquearon carreteras en algunas provincias de mayoría indígena. Reclaman soluciones para la crisis económica que se ha agudizado con la pandemia de coronavirus y exigen al gobierno que se frene la subida del precio del combustible. “Los pueblos indígenas, los sectores populares, hemos, de manera respetuosa, garantizado el proceso de diálogo”, dice a RFI el presidente de la CONAIE, la Confederación de Nacionalidades Indígenas, Leonidas Iza. “Pero luego de la pandemia hay una feroz crisis instalada. Realmente es insostenible en las economías precarias que tenemos los sectores populares. Por ello, con respeto, hemos llegado a la mesa del diálogo. Pero el presidente de la República no nos ha escuchado. Se ha puesto como idea central de que él no es el responsable. Pero hemos pedido que se responsabilice sobre la coyuntura de ahora, donde hemos pedido que no se incremente el precio de los combustibles. Hemos cedido hasta 50 centavos. Habíamos pedido que rebaje 9 centavos y congele allí el precio, pero el presidente después de esto, más bien incrementa el precio hasta llegar a 1,90 dólares. Es una cuestión muy agresiva a nuestras economías. Hemos pedido, además, que se declare en estado de emergencia los créditos vencidos de muchos sectores, de muchos compañeros que están articulando en diferentes actividades económicas. Sin embargo, el presidente no ha dado respuestas. Entonces hemos dicho que pare esta política de persecución. La gente no puede pagar porque la pandemia nos ha quebrado”. La agitación social llega a Ecuador en un momento delicado, cuando el gobierno intenta solventar un fuerte aumento de homicidios, más de 2.000 en lo que va de año. Y al mismo tiempo el presidente Lasso ha sido nombrado en la investigación de los llamados Pandora Papers por haber tenido dinero en paraísos fiscales. Una investigación que intenta retomar la asamblea nacional ecuatoriana, por el momento sin éxito. “El presidente Lasso realmente ha perdido su palabra”, dice Iza. “Tiene en este momento sobre él la responsabilidad de responder [sobre su] relación con los paraísos fiscales. Él incluso había manifestado que está dispuesto a demostrar al país, pero en el momento que la Asamblea le ha convocado, el señor Presidente no ha aceptado, no ha ido a la Asamblea [para dar explicaciones] al país. Es así que con eso ha ido perdiendo legitimidad frente a la población. Y lógicamente eso también le resta posibilidades para que interactúe con la Asamblea Nacional y puedan ir definiendo políticas en favor del pueblo”. El gobierno informó de 37 detenidos, cinco policías heridos y dos militares retenidos por manifestantes, quienes se encontraban en buen estado. Unos 1.500 manifestantes, de acuerdo con el coronel de la policía César Zapata -a cargo del operativo de seguridad-, participaron en la marcha en la capital. La policía empleó gas lacrimógeno para dispersar las protestas cerca del palacio de gobierno, que fue atacada a pedradas. La Conaie, que en 2019 también encabezó violentas manifestaciones contra la eliminación de subsidios a combustibles que dejaron once muertos, rechaza las alzas mensuales aplicadas desde 2020. Los indígenas, que derrocaron tres presidentes entre 1997 y 2005, y que representan un 7,4% de la población, exigen al gobierno que congele los precios en 1,50 dólares para el diésel y dos dólares para la gasolina corriente. Ecuador, que exporta petróleo pero importa combustibles, encara una crisis reflejada en una deuda externa de casi 46.000 millones de dólares (45% del PIB) y un déficit fiscal de 5% del PIB, además del 47% de pobreza y miseria, y 28% de subempleo y desempleo. En medio de la agitación, el gobierno presentará al Congreso, controlado por la oposición, reformas tributarias y laborales con miras a reactivar la economía, pero que los sindicatos temen que precaricen el mercado laboral.