Sin fecha confirmada, la Unión Europea enviará a Venezuela una "comisión técnica" para evaluar si en las elecciones regionales del 21 de noviembre estará presente una "misión de observación". La decisión del gobierno de Maduro, de permitir esta primera visita de especialistas europeos, despierta varias preguntas políticas. La llegada de una comisión técnica de expertos europeos, motiva una serie de preguntas sobre las implicancias a largo plazo de esta apertura del gobierno de Nicolás Maduro a observadores internacionales. “Venezuela está tratando de mejorar las relaciones con la Unión Europea y con Estados Unidos”, dice a RFI Michael Shifter, presidente del Diálogo Interamericano, un centro de reflexión con sede en Washington. “Creo que el régimen del país está sufriendo mucho por el aislamiento diplomático y por las sanciones económicas. Entonces quiere mostrar su buena voluntad y legitimidad frente a la comunidad internacional. Pero al mismo tiempo quiere mantener control y poder absoluto”. En 2020, la UE había enviado a Caracas una misión para convencer a las autoridades venezolanas de postergar las elecciones legislativas de ese año por un plazo de "cinco o seis meses" a fin de desplegar una misión de observación electoral. Pero los esfuerzos no prosperaron y los comicios se realizaron, pese al boicot del líder opositor, Juan Guaidó y sus aliados, dejando el camino libre al chavismo que recuperó el control del Parlamento con una aplastante mayoría. “Creo que la Unión Europea está con otro ánimo, busca avanzar en un acuerdo político”, dice Shifter. “Y también ha habido algunos gestos por parte de Maduro, como tener dos miembros de la oposición en el Consejo Electoral. Y otras concesiones que han sido documentadas en el último informe de Michelle Bachelet. La Unión Europea quiere reconocer esas pocas concesiones para ver si se puede construir sobre ellas y crear condiciones mínimas para la participación de la oposición en las elecciones regionales”. La semana pasada, el Consejo Nacional Electoral (CNE) rehabilitó la tarjeta de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), alianza opositora que ganó los comicios legislativos de 2015 y rompió 15 años de hegemonía chavista en el Parlamento. Estuvo tres años prohibida. Previamente fue designado un nuevo CNE que abrió espacio a directivos vinculados con la oposición, sin comprometer la mayoría oficialista del ente. Maduro también prometió respetar toda victoria de sus adversarios y eliminar la figura de los "protectores", funcionarios chavistas que asignaba en regiones donde triunfaba la oposición. Pero hay señales contradictorias: el sábado fueron imputados por "traición a la patria, terrorismo e incitación al odio" activistas críticos de Maduro que rechazan la respuesta del Estado ante grupos armados colombianos en la zona fronteriza. Y el viernes, Maduro acusó a la CIA y al ejército estadounidense de planear su asesinato, preguntándose si el presidente demócrata Joe Biden lo había autorizado. “Políticamente tiene sentido mantener la desconfianza [hacia los gestos de Maduro], reconociendo que es una dictadura”, dice Shifter. “Pero también hay cierto incentivo por parte de Maduro de negociar en este momento y que pueden aprovechar para ver si se puede crear un proceso serio en Venezuela. Es la única manera para salir de esta tragedia”. La UE considera que el Parlamento elegido en 2015, y cuyo período venció en enero de 2021, es "la última expresión libre de los venezolanos en un proceso electoral" y más temprano, junto a Estados Unidos y Canadá, mostró su disposición a "revisar" las sanciones contra el gobierno de Nicolás Maduro en si una negociación liderada por venezolanos mostraba progresos hacia la realización de elecciones libres. Ahogado por sanciones que incluyen el embargo del petróleo venezolano, Maduro ha pedido su "levantamiento inmediato" para negociar en medio de una crisis sin precedentes, marcada por ocho años de recesión y una reducción del PIB del 80% desde 2014. En paralelo se acercan los comicios de alcaldes y gobernadores, en noviembre, con los que Maduro quiere recuperar su reconocimiento internacional, en entredicho por la oposición y unos cincuenta países tras su reelección en 2018. La dividida oposición, que boicoteó las elecciones presidenciales de 2018 y las legislativas de 2020, enfrenta el dilema de participar o no. Con AFP.