Una niña de 11 años que fue violada en Bolivia por un miembro de su familia no pudo ejercer el derecho al aborto tras la intromisión de la Iglesia Católica y de asociaciones opuestas a la interrupción voluntaria del embarazo, según denunció la Defensoría del pueblo de Bolivia, que ha interpuesto varias denuncias judiciales para que se ponga fin a la gestación de la menor. Pero como el embarazo ya ha sobrepasado las 22 semanas, cada vez es más difícil que se pueda llevar a cabo una interrupción. La Casa de la Mujer, una asociación que pelea por la protección de los derechos de las mujeres en Santa Cruz, ha seguido de cerca el caso de la pequeña. Ana Paola García es la directora de la Casa de la Mujer. “La niña ha sido víctima de violencia sexual desde mayo de este año. Hace unos días, muy asustada, le dijo a su prima que sentía movimientos extraños en su barriga. Ahí es que su madre puso la denuncia ante la Defensoría de Yapacaní. La madre realizó todo el trámite para que a la niña le interrumpan ese embarazo, producto de la violación.” La menor acudió con su madre al hospital de Santa Cruz, donde se programó la intervención, que iba a llevarse a cabo con medicamentos. Pero la situación cambió apenas unas horas después, cuando la madre empezó a echarse atrás, presentando un desistimiento de la interrupción del embarazo. Lo acompañó de “una carta manuscrita de la menor, donde la niña establece que quiere ser madre. Estaban acompañadas de una abogada de una asociación religiosa y del arzobispado boliviano,” apunta Ana Paola García. “La niña en su primera entrevista psicológica [durante los preparativos al aborto] ni siquiera sabía lo que significaba estar embarazada. Ni siquiera podía pronunciar la palabra ‘bebé’. Lo único que decía es que quiere seguir estudiando, que quiere que todo esto pase, que le saquen lo que lleva dentro, porque ni siquiera puede referirse a lo que está en su vientre como a un bebé.” Ahora la niña se encuentra en un albergue de la Iglesia Católica para menores embarazadas. La defensoría del pueblo boliviano ha interpuesto tres demandas judiciales para que el aborto sí se lleve a cabo finalmente, pero como la menor ya llegó a las 22 semanas de gestación, quedan muy pocos días para que la interrupción del embarazo pueda llevarse a cabo sin demasiados problemas. Sino, la gestación tendrá que seguir adelante, con todas las consecuencias que podría acarrear para la menor, como señala Ana Paola García. “Ya han salido médicos claramente a establecer que el cuerpo de una niña no da para albergar un embarazo de nueve meses. Tampoco se está tomando en cuenta el impacto en la salud mental de la menor. Mientras las otras niñas juegan, ella estará obligada a cuidar de un bebé. Es dramático y doloroso. En Bolivia se está vulnerando el derecho de una niña, se está forzando la maternidad infantil y eso es considerado tortura, no puede encubrirse. El Estado tiene que actuar. Se debe ir hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos y se debe pedir responsabilidades al Estado boliviano si permiten que esta niña sea madre.” De su lado, la Iglesia defendió su posición antiaborto. "La persona humana dentro del vientre materno no es el culpable del abuso a su madre. Un crimen no se soluciona con otro crimen, el aborto no remedia la violación", indica un comunicado del arzobispado de Santa Cruz. Según la ley en Bolivia, "un aborto incondicional y en todas las etapas del desarrollo del embrión no es constitucionalmente admisible". Sin embargo, precisa que "cuando el aborto hubiere sido consecuencia de un delito de violación (...) no se aplicará sanción alguna". "Tampoco será punible si el aborto hubiere sido practicado con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre", indica el Código Penal boliviano. La oficina en Bolivia de Naciones Unidas instó a aplicar el "marco normativo internacional y nacional de protección a las niñas", al argumentar que el embarazo de una niña "no solo pone en riesgo su vida, su salud y su proyecto de vida, sino que también atenta contra su salud mental y emocional". El violador se encuentra detenido en una cárcel policial y a la espera de un juicio. Podría enfrentar una sentencia de 15 a 10 años de cárcel. En 2020 en Bolivia se reportaron 1.308 casos de violación de menores y 51 infanticidios, según el Ministerio de Justicia. Sin embargo, algunos activistas creen que la cifra es mayor, ya que muchas familias no presentan una denuncia. Con AFP.