En entrevista exclusiva a RFI, el periodista nicaragüense Carlos Chamorro Barrio calificó de “rehenes electorales” a las 20 personas arrestadas en las últimas semanas por el régimen de Daniel Ortega en el poder desde 2007 y quien, según estiman sus adversarios, buscará un cuarto mandato en los comicios. La situación política en Nicaragua sigue agravándose y despierta varias voces de reclamo de diversas organizaciones de derechos humanos. Entre ellas, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que demandó, a través de un comunicado, proteger a opositores del gobierno del presidente Daniel Ortega que hoy se encuentran bajo arresto. "Los hechos ocurridos en estas semanas evidencian una nueva fase de la represión de cara a las próximas elecciones, que pone en duda la voluntad del Estado nicaragüense de realizar elecciones libres, justas y transparentes", afirmó la presidenta de la CIDH, Antonia Urrejola ante el consejo permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA). Urrejola recordó que la CIDH señala el quebrantamiento del Estado de derecho en Nicaragua desde 2018, cuando la respuesta del gobierno de Ortega a multitudinarias protestas en su contra tuvo conductas que "deben considerarse crímenes de lesa humanidad". Entre la veintena de detenidos recientemente, cinco de los cuales son precandidatos presidenciales para los comicios del 7 de noviembre, Urrejola destacó la situación de algunos arrestados con violencia, o con padecimientos de salud no atendidos. Mencionó en particular los casos de Violeta Granera, José Adán Aguerri, José Pallais, Suyen Barahona, Hugo Torres, Víctor Hugo Tinoco, Tamara Dávila, Dora Téllez, Ana Margarita Vijil, Luis Alberto Rivas, Miguel Mendoza y María Fernanda Flores. También señaló el allanamiento de la casa del periodista Carlos Fernando Chamorro. “Este lunes [21 de junio] más de 30 policías antimotines entraron a mi casa para capturarme. No lo lograron porque yo me puse el resguardo para proteger mi libertad y la de mi esposa para poder seguir haciendo periodismo”, dice a RFI Carlos Fernando Chamorro. “La policía asaltó mi redacción el 20 de mayo por segunda vez. Ya lo había hecho antes, en diciembre de 2018. Cuando digo que asaltó es que entró a mi redacción, donde en ese momento solo había un camarógrafo, se robaron todos los equipos sin ninguna orden judicial”. El gobierno de Ortega y su vicepresidenta y esposa, Rosario Murillo, justifican el arresto de opositores acusándolos de tramar un golpe de Estado en su contra. Ante el consejo permanente de la OEA, el embajador nicaragüense, Luis Alvarado, arremetió contra los "mercenarios y vendepatrias financiados y dirigidos" por Estados Unidos que, "a través de sus nexos con gobiernos extranjeros", buscan "reeditar el fallido golpe de Estado" de 2018 en el marco del proceso electoral. “No hay ninguna orden judicial contra mi persona”, dice Chamorro. “No se ha iniciado ningún proceso ni en la Fiscalía ni en ninguna instancia de gobierno. Yo simplemente soy objeto de una campaña de calumnias en los medios oficiales y también otra promovida por el propio Gobierno”. La CIDH, con sede en Washington, ya había emitido medidas cautelares para ellos en 2018 y 2019. La Corte IDH, con sede en San José, Costa Rica, emite medidas provisionales "en casos de extrema gravedad y urgencia" y su cumplimiento es obligatorio para todos los países miembros del sistema interamericano. “La CIDH está muy bien informada de la crisis de derechos humanos en Nicaragua”, dice Chamorro. “Nosotros describimos a los 20 arrestados como ‘rehenes electorales’. Y hay por lo menos ya cinco precandidatos presidenciales, entre ellos Juan Sebastián Chamorro, Félix Maradiaga, Arturo Cruz, Cristiana Chamorro y Miguel Mora, que están en la cárcel. Hay 20 rehenes que han sido secuestrados, y uso esa palabra porque están en cárceles en las que algunos tienen ya 15 o 20 días y ni siquiera han tenido contacto con un familiar o con un abogado”. Una resolución de condena de la OEA a la represión en Nicaragua fue aprobada el 15 de junio con el apoyo de 26 de los 34 miembros activos. El secretario general, Luis Almagro, pidió suspender la participación de Nicaragua en el bloque regional, pero para concretarse requiere el respaldo de dos tercios de una Asamblea General de la OEA, su órgano máximo. "Peor que Anastasio Somoza" Estados Unidos no respondió a las acusaciones de Alvarado sobre injerencia electoral, más que para señalar que esa "retórica banal" recuerda "el lenguaje de los regímenes autoritarios". "Es hora de que el régimen de Ortega-Murillo cambie de rumbo" y "permita al pueblo nicaragüense ejercer plenamente sus derechos", aseveró el embajador Bradley Freden, citando al secretario de Estado, Antony Blinken. Ortega, un exguerrillero que ya había gobernado Nicaragua de 1979 a 1990 tras la caída del dictador Anastasio Somoza, regresó al poder en 2007 con el izquierdista Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y se mantiene allí tras dos reelecciones sucesivas. Sus adversarios estiman que buscará un cuarto mandato en los comicios. Entrevista por Marilyn Lavado. Con AFP.