El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, fueron inscritos este lunes como los candidatos del oficialismo para buscar un cuarto mandato sucesivo en las elecciones del 7 de noviembre, mientras sus principales rivales están en prisión. Por Paola Ariza y la redacción de RFI La pareja Ortega Murillo que gobierna Nicaragua con mano de hierro fue registrada como los candidatos de la alianza "Nicaragua triunfa", del gobernante Frente Sandinista (FSLN, izquierda), después que un congreso partidario los ratificara como su fórmula presidencial. Ortega, un exguerrillero de 75 años que gobierna desde 2007 tras dos reelecciones sucesivas, aspira a asentarse en el poder por cinco años más junto con Murillo, de 70 años, quien lo acompaña en la vicepresidencia desde 2017. La Unión Europea sancionó este lunes con restricciones migratorias y financieras a la vicepresidenta Rosario Murillo, a su hijo Juan Carlos y a otros seis funcionarios del gobierno de Daniel Ortega por su responsabilidad en las "graves violaciones de los derechos humanos" en Nicaragua, pero esto no impidió al Frente Sandinista (FSLN, izquierda) ratificar a la pareja presidencial. Tiziano Breda, analista para centro américa de la ONG y centro de análisis para la prevención de la violencia International Crisis Group, considera que la nueva candidatura de la pareja Ortega Murillo constituye un desafío de Ortega a la comunidad internacional. “Ortega decidió competir de nuevo con la fórmula de su esposa Rosario Murillo como vicepresidenta. En este caso está decidiendo desafiar totalmente a la comunidad internacional. Rosaro Murillo fue sancionada tanto por EE.UU. como por la Unión Europea”. Breda advierte que si la pareja se perpetua en el poder, “dará a luz a un gobierno con muy poca legitimidad internacional. Y tendrá consecuencias en la capacidad del gobierno de obtener fondos, préstamos y de colocar bonos. Recordemos que Nicaragua ha conocido tres años de contracción económica.” Entrevistado por RFI, Tiziano Breda también indica que, para la oposición nicaragüense, sería muy difícil posicionarse con todas las limitantes que pone el orteguismo: “El control de Ortega en las instituciones electorales es total: el Consejo Supremo electoral ha sido renovado nuevamente hace poco. Ya hemos visto irregularidades en el proceso, cancelaciones arbitrarias de personalidades jurídicas de ciertos partidos, detenciones arbitrarias para inhibir la oposición. Es difícil en este contexto, para cualquiera llevar a cabo una campaña electoral, donde además cualquier mitin político debe ser autorizado por la policía”. “Esta zozobra que esta creando Ortega con esta estrategia amenazar investigar y detener a varias figuras opositoras muy reconocidas, está instilando un sentimiento de terror”, concluye Breda. Siete precandidatos arrestados Ortega planea competir en los comicios de noviembre sin una fuerte oposición, luego de que la policía arrestara entre junio y julio a siete aspirantes a la presidencia. Una es Cristiana Chamorro, hija de la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro (1990-1997), quien figuraba como favorita para vencer al FSLN. Los opositores son acusados en su mayoría de "traición" a la patria, al amparo de una polémica ley aprobada en diciembre pasado por petición del gobierno que castiga con cárcel (de 10 a 15 años) a quienes promuevan la injerencia extranjera y apoyen las sanciones internacionales. La mayoría de los aspirantes detenidos habían acordado someterse a la selección de un candidato único de oposición bajo las banderas de la Alianza Ciudadanos por la Libertad (CxL, derecha), pero los cargos en su contra los inhibieron de participar. Con datos de AFP